San Pedro Sula, Honduras. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó la medida de auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, en contra de tres empleados del Poder Judicial y un profesional del derecho, acusados del supuesto uso de una orden de desalojo falsa en Cortés.
La medida la obtuvo el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Trasparencia y Combate a la Corrupción (FETCCOP), tras la audiencia inicial celebrada en los juzgados de San Pedro Sula.
Los procesados en este caso son:
- Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz, receptor del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula.
- Marco Tulio Paniagua Rivera, técnico de vídeo del Juzgado Civil de San Pedro Sula.
- José Alberto Escalante Almendarez, motorista del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula.
- Jonathan Santos Martínez Pineda, abogado particular.
Delitos
En el caso de Cárcamo Cruz y Paniagua Rivera, se les acusa de la comisión del delito de cohecho pasivo propio, usurpación de las funciones públicas y uso de documentos falsos.
Las investigaciones establecen que los funcionarios judiciales se aprovecharon de su acceso y posición dentro de este poder del Estado para facilitar el uso del documento falso.
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Entre tanto, a José Alberto Escalante se le procesa por la supuesta comisión del delito de cohecho propio y malversación por aplicación oficial diferente. Por su parte, al abogado Martínez Pineda se le imputa por la comisión de tenencia ilegal de arma de fuego, cohecho cometido por particular y falsificación y uso de documentos públicos falsos continuado.
También, el juez que conoce la causa agendó la audiencia preliminar para el jueves 21 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
La orden falsa
Según la fiscalía, estos empleados judiciales pretendían usar el documento falso para ejecutar un desalojo en una propiedad. El inmueble es precisamente del imputado Jonathan Martínez Pineda y se ubica en una zona del municipio de Santa Cruz Yojoa, Cortés.
Debido a que el juez dictó medidas cautelares, los imputados deberán de:
- Presentarse cada lunes a firmar
- No podrán salir del país sin la autorización del juez
- No podrán comunicarse con otros funcionarios judiciales
- No visitar el palacio judicial de San Pedro Sula, solo en caso de audiencia.
Además, anteriormente a los tres servidores de justicia se les suspendió de su cargo. La captura la ejecutó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el pasado 11 de octubre del año en curso, tras la denuncia de parte del propio Poder Judicial.