De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) de Washington, el acuerdo “stand-by” suscrito por el gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) agudiza la pobreza porque obliga al Estado a recortar el gasto social.
En síntesis, lo que dice este informe del CEPR (siglas en inglés) es lo que Tiempo, el Diario de Honduras, ha sostenido a lo largo de las relaciones con el FMI, y que, actualmente, coloca a nuestro país en una situación insostenible, no únicamente por su impacto social sino por el crecimiento brutal del servicio de la deuda pública, cuyo pago absorbe más del 20% de la recaudación fiscal.
Los aspectos puntuales de ese informe, “Honduras: austeridad del FMI, política macroeconómica e inversión extranjera”, son los siguientes, de acuerdo con lo publicado en medios de prensa:
• La medida más amplia de desempleo y subempleo aumentó desde el 35,5% de la fuerza laboral en 2008 al 56,4% en 2013. Es muy probable que la implementación de medidas de austeridad haga que la situación empeore.
• Tanto en el momento de ejecución como la composición de la consolidación fiscal resultarán en que probablemente los costos de las medidas recaerán de forma desproporcionada sobre la mayoría pobre del país. Los recortes del gasto se dirigen a los trabajadores del sector público, el gasto en capital y los gobiernos locales.
• Una parte significativa de los recortes de gastos está orientada a la masa salarial del gobierno, que se espera que disminuya en 1,7% del PIB para el año 2017. Si se implementara por completo, el programa del FMI reorganizará fundamentalmente el sector público de Honduras a través de medidas de austeridad y un programa de reforma radical, el cual resultará en una privatización, de hecho, de una parte importante de la economía.
• Más de tres cuartas partes de la meta de consolidación es alcanzada para 2015, si bien el programa de consolidación abarca un período de 4 años. Con respecto al calendario de reformas, el acuerdo menciona la posibilidad de una “fuerte resistencia” a estas medidas de austeridad, y explícitamente apunta a realizar estos cambios mucho antes de las elecciones generales de 2017.
• El plan contiene solo una disposición destinada a proteger a la mayoría de la población empobrecida de Honduras: un mínimo en el gasto social de 1,6% del PIB, algo insuficiente tanto en tamaño como en alcance.
• El plan del FMI para hacer frente a los grandes y persistentes déficits en la cuenta corriente se basa principalmente en que Honduras siga recibiendo grandes ingresos netos de inversión extranjera directa (IED).
“La estrategia de dependencia de la inversión extranjera que favorece el FMI está llena de riesgos, ya que los flujos del IED pueden ser volubles y presentan una alta volatilidad”, dijo (el analista Stephan) Lefrevbre. “Este plan macroeconómico es también un importante motor de algunos proyectos dudosos destinados a atraer IED, como las llamadas ‘ciudades modelo’ o Zonas de Empleo o Desarrollo Económico (ZEDE)”.
