Redacción. El abogado penalista, Marlon Duarte, informó que en la actualidad dirige un reclamo, de la familia Valera (cliente al que defiende), que ha demandando al Estado de Honduras por más de 30 millones de lempiras, debido a que se les incautaron bienes y se los entregaron destruidos.
De acuerdo con el profesional del derecho, en este caso, la familia sufrió la incautación de bienes en medio de un proceso judicial. El abogado lamentó que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se los devolvió en pésimas condiciones.
«La demanda por más de 30 millones de lempiras es porque se les devolvió un centro comercial en el lado del norte (Tocoa, Colón) y también un hotel, el cual está totalmente destruido. Se arrojaron los cables, los baños, las puertas, los baños se los robaron», resaltó el profesional en Hoy Mismo.
Asimismo, el penalista comentó que la sentencia definitiva de privación de dominio, como la definitiva en el juzgado competente, devolvió los bienes a la familia. No obstante, no se han podido recuperar debido a los múltiples daños en los inmuebles.
«Encontraron su centro de trabajo y que ellos por años construyeron de manera legal, totalmente destruido. Ahora lo que está pasando es que el banco con el que tenían una hipoteca quiere aún y cuando están en ruina, caerle a estos bienes», agregó.
Duarte lamentó que hasta la fecha no se hayan hecho las correcciones a la Ley de Privación de Dominio, para evitar este tipo de situaciones en contra del patrimonio de algunas familias.
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Mal manejo de los bienes incautados
En torno al manejo de los bienes, Duarte comentó que «esto es lo que tenemos y es lo que nos dejó las administraciones de Juan Orlando Hernández al crear esta Ley de Privación de Dominio, en un claro ejemplo de lo que se comete arbitrariamente por situaciones de petición que hacen la mayoría de fiscales ante los jueces competentes».
Asimismo, el experto llamó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, a sostener reuniones multidisciplinarias junto al Ministerio Público (MP), para que así los fiscales no hagan de inmediato la solicitud de aseguramiento e incautación de bienes.
«Cuando hacen la solicitud de incautación a las personas las sacan de las casas, los apartan del dominio de sus vehículos, propiedades y esto lo que genera es corrupción y aparte de que esas propiedades quedan solas, hay latrocinio, hay gente que se roba las cosas, enseres, menaje porque la OABI no tiene la capacidad suficiente para abarcar todo esto», agregó Marlon Duarte.
También, el abogado resaltó que ante estas situaciones lo que parece es que el fiscal que pide al juez el aseguramiento de bienes, disfruta que se haga pública la acción, cuando lo que basta es que todo proceda a través de una nota al Instituto de la Propiedad (IP), donde se explica que no se pueden vender, enajenar o traspasar a otras personas.
«Basta con esa nota, no hay que fomentar la corrupción, el robo, en virtud de que hay múltiples demandas», cerró.