AFP. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), que vive en Nicaragua, fue condenado en ausencia a seis años de prisión por evadir impuestos, anunció la Fiscalía General de la República (FGR).
El exmandatario «fue encontrado culpable del delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos», explicó a la AFP un portavoz de la FGR.
De acuerdo con la entidad, en 2014 el exmandatario no declaró renta por unos 271.000 dólares. Además con ello evadió el pago de impuestos fiscales por poco más de 85.157 dólares.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador también impuso a Funes el pago de 200.449 dólares como «responsabilidad civil«, explicó un fiscal que prefirió el anonimato tras concluir la lectura de la condena en una sala de los tribunales de San Salvador.
«La Fiscalía se encuentra satisfecha por este fallo», sostuvo el representante del ministerio público.
Una abogada defensora de Funes, que no se identificó, dijo a la prensa afuera del tribunal que «se evaluará si se apela» la condena.
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Condena
El pasado 29 de mayo, al expresidente Funes lo condenaron, siempre en ausencia, a 14 años de prisión. Lo anterior por haber facilitado una tregua con pandillas durante su mandato.
En esa ocasión Funes recibió una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de integrar agrupaciones ilícitas. Asimismo, otros seis años por el delito de incumplimiento de deberes.
También, en noviembre de 2017 otro tribunal de San Salvador condenó civilmente a Funes y a uno de sus hijos por enriquecimiento ilícito. Según la fiscalía, no justificaron la procedencia de ingresos por 206.665 dólares y 212.484 dólares respectivamente.
A ambos los condenaron a devolver al Estado el monto que no pudieron justificar.
Fungió como presidente de El Salvador entre 2009 y 2014 bajo el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Además en noviembre de 2017 fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
Funes, de 63 años, quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña por supuestos actos de corrupción, se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
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