Redacción. Este viernes trascendió que el exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, estaría pidiendo asilo político en Estados Unidos por una supuesta persecución política.
Según medios locales, el exmagistrado del TSC habría presentado una petición de asilo a las autoridades de los Estados Unidos por medio de sus abogados que se encuentran en el estado de Houston, Texas.
Actualmente, al exmagistrado presidente del TSC está siendo investigado por la comisión del delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública. Asimismo, se le imputa por el delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
El pasado 1 de abril, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otros funcionarios del ente del Estado.
Dentro de este requerimiento fiscal se encuentra el exfuncionario Pineda y Ricardo Rodríguez, exsecretario general. Así como también Santiago Reyes; Douglas Javier Murillo y Karen Martínez, exdirectora legal.
Investigaciones contra exmagistrados del TSC
De acuerdo con el MP, las investigaciones comenzaron en noviembre de 2023, cuando les llegó una denuncia anónima que acusaba a los exfuncionarios de realizar actos irregulares. La denuncia los responsabilizaba de la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades.
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Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad. También videos de las cámaras de seguridad y declaraciones testificales por parte de empleados.
Al final, el MP «logró comprobar cómo funcionan dentro del TSC redes de empleados que, aprovechándose de sus cargos, influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros», según un comunicado del ente acusador.
A José Juan Pineda también se le imputa por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Por esa causa, los funcionarios resultaron detenidos y enviados a prisión. No obstante, este viernes 5 de abril un juez de letras en materia de corrupción dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
