Redacción. A través de un comunicado, organizaciones de los derechos humanos han exigido este martes que establezcan una representación de la sociedad civil en el Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev).
La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), manifestaron su discordia ante la juramentación de representante en dicho comité.
Asimismo, estas organizaciones acusan al titular de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, y el Secretario General, Celso Alvarado, de abstenerse en añadir a la sociedad civil en Conaprev.
«El Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización mantiene su negativa a juramentar a la representante electa en legal y debida forma por la Sociedad Civil», dice el comunicado.
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Estas organizaciones, aseguran que Vaquero y Alvarado han violentado el espacio cívico de las organizaciones de Sociedad Civil. Incluso, afirman que dichos funcionarios mantienen su posición de no juramentar a la abogada Mildred Meléndez.
Asimismo, dichas organizaciones detallan que a Meléndez la escogieron en legal y debida forma en asamblea de organizaciones de Sociedad Civil, como su representante ante el Conaprev.
Problemática en la juramentación en el Conaprev
Debido a esta problemática, ambas organizaciones de DDHH en Honduras se han hecho presentes ante las autoridades judiciales. Dichas organizaciones han detallado que la presencia al Poder Judicial está para evitar que se siga violentando por esta arbitrariedad.
«Las Organizaciones Joprodeh y Asopodehu presentaron ante la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, una Acción Constitucional de amparo. Al igual se presentó otro por otras personas y a la fecha ambos no han sido resueltos», dice el escrito.
En el comunicado, las organizaciones destacan que el Conaprev se ha encontrado maniatado, neutralizado y casi inactivo. Asimismo, destacan que la no designación del presupuesto correspondiente y el nombramiento respectivo de los comisionados afecta directamente a la institución.
Esta situación ha provocado que no se le dé la debida importancia a las denuncias contra actos de Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes al interior de los centros penitenciarios. Así como también en otros centros de detención en el país.
Incluso, para las organizaciones, la situación agrava el riesgo de las personas privadas de libertad detenidas en postas policiales. Así como también en otros centros de detención de los que se duda su legalidad.
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