Redacción. En una protesta poco usual, el hondureño Vicente Zavala ha escalado hasta la cima de un poste de tendido eléctrico en Tegucigalpa, capital de Honduras, para llamar la atención sobre lo que considera un ‘despido injustificado’.
Sus compañeros, que se han sumando a la causa, relatan que Zavala es reconocido como uno de los mejores técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), donde laboró por más de 20 años. Sin embargo, su despido se atribuye a su jefe inmediato, quien «llegó al cargo por motivos políticos».
«Es un compañero que ha entregado toda su vida a la ENEE, por eso nosotros nos sumamos a esta protesta«, expresó una mujer que acompaña al hombre en su acción.
El compatriota ha decidido hacer una acción única, escalando hasta el punto más alto de un poste de tendido eléctrico y extendiendo un cartel por medio del cual expresa su inconformidad.
![exempleado de la ENEE protesta](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2024/04/Diseno-sin-titulo-2024-04-30T101056.528-4.jpg)
El cartel colocado por el exempleado en el poste reza: «Autoridades de la ENEE violan mis derechos laborales y sindicales. Ayuda». Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la empresa de energía.
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Más de L4,000 millones ha pagado el Estado por despidos injustificados
Entre 2022 y 2023, el Estado de Honduras se ha visto obligado a desembolsar aproximadamente 4,400 millones de lempiras en vista de 6,800 demandas. Estas -en su mayoría- relacionadas con ‘despidos injustificados’ de empleados públicos.
«Más de L2,800 millones en 2022 y más de L1,600 millones en 2023 en concepto de resarcimiento. El Gobierno de la República ha tenido que pagar a estas personas despedidas de una mala manera o injustificados«, manifestó el abogado de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, para HRN.
![Juan Carlos Aguilar](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2021/10/Juan-Carlos-Aguilar-Articulista-1.jpg)
Estos pagos representan indemnizaciones, reintegros, pagos de sueldos caídos y prestaciones para los empleados afectados. Y las consecuencias de estas demandas también han sobrecargado los sistemas judiciales y laborales del país.