Redacción. La Fiscalía de Bolivia retomó las investigaciones sobre la muerte a tiros de tres europeos en 2009, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, quien al conocer la noticia se indignó y manifestó que «si quieren meterme preso que lo hagan».
La directora de Unidad de la Fiscalía, Elizabeth Viveros, informó en rueda de prensa que se conformó una comisión de fiscales para «proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos» de 2009.
El 16 de abril de 2009, durante el gobierno de Morales, la policía realizó un operativo en un hotel de la ciudad de Santa Cruz. Allí abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y el húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro). El operativo se realizó en el Hotel Las Américas, por lo que el caso fue llamado así desde entonces.
El gobierno de Morales aseguró en ese momento que el grupo liderado por Rózsa Flores buscaba formar una guerra secesionista, con el financiamiento de la oligarquía de la rica región de Santa Cruz y adversaria al líder indígena.
La posibilidad de que el caso retome vuelo en la fiscalía estuvo deslizada por el húngaro Tóásó el pasado fin de semana de manera no oficial, en su cuenta de la red social X.
Indignación de Morales
Ante la noticia, el exgobernate se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: “Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad de nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”.
Asimismo, durante una entrevista radial, Morales responsabilizó al gobierno de su exaliado político, el mandatario Luis Arce, como el motor de la iniciativa fiscal.
«Yo veo una total desesperación en el gobierno en investigar, que nos investiguen. Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional», afirmó.
Además, aseguró que no estaba ese día en Bolivia, sino en Venezuela, y que quien estaba a cargo era su vicepresidente Álvaro García.
La oposición de derecha acusa a Morales de haber ordenado el operativo policial que terminó con tres extranjeros muertos, en ejecuciones sumarias, y que usó el caso para arrinconar a todos sus adversarios.
Este caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 2022 falló en favor de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Esto para que el Estado boliviano asigne una indemnización.
El procurador general del Estado, César Siles, señaló que sólo la familia del irlandés Dwyer pide unos 3 millones de dólares. Además, dijo que Bolivia no tiene esas posibilidades.
