REDACCIÓN. La ministra de Defensa y precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, será la encargada de llevar adelante en 2025 importantes proyectos dentro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que incluyen varias compras directas por más de 10,000 millones de lempiras.
De acuerdo con una investigación de El Heraldo, estos fondos se destinarán a la construcción de infraestructuras y la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas, así como la construcción de una megacárcel y el fortalecimiento de zonas estratégicas para combatir la criminalidad en el país.
Construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE)
Una de las iniciativas más ambiciosas de la Secretaría de Defensa para 2025 es la construcción de la primera fase del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE). Este centro, ubicado entre Olancho y Gracias a Dios, está diseñado para albergar a 2,000 reclusos, entre ellos los líderes de maras y pandillas. Este proyecto forma parte de la estrategia para descongestionar las cárceles del país y aislar a los cabecillas de grupos criminales.
El CRE se construirá para ofrecer alta seguridad. La orden fue emitida en junio de 2024 como parte del Plan de Solución Contra el Crimen, y se espera que este proyecto avance en paralelo con la megacárcel que ya está en desarrollo en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño.
Megacárcel
El gobierno también continúa con la planificación de una megacárcel en la región de Islas del Cisne, el cual albergará hasta 20,000 privados de libertad.
Este proyecto, con un costo de 2,000 millones de lempiras, pretende dar solución a largo plazo al hacinamiento en las prisiones del país.
Modernización y adquisición de equipos
Además de la construcción de infraestructuras, la Secretaría de Defensa tiene en su agenda la compra de repuestos para aviones y helicópteros, así como la adquisición de nuevos equipos para las Fuerzas Armadas.
Según el exministro de Defensa, José Manuel Zelaya, durante su mandato se identificaron varios radares que presentaban deficiencias operativas y otros obsoletos.
En ese sentido, la adquisición de equipos de alta tecnología es otra de las prioridades dentro del plan de compras directas. Entre los elementos contemplados se encuentran cámaras hiperbáricas, así como tecnología de punta para el reconocimiento y vigilancia en el escudo de protección del país.
Además, se ha previsto la adquisición de nuevos radares para la vigilancia del espacio aéreo y marítimo.
Infraestructura en La Mosquitia
Dentro de los proyectos contemplados también se encuentra la mejora de la infraestructura en la región de La Mosquitia, una de las áreas más olvidadas en cuanto a desarrollo en Honduras. Los planes incluyen la rehabilitación de la pista aérea de Gracias a Dios, la cual se utiliza tanto para vuelos comerciales como militares.
Otro de los proyectos en la región es la mejora del sistema energético de la base naval de Caratasca, considerada clave para las operaciones de seguridad. Además, se planea la construcción de barracas para el personal femenino del Centro de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA) en la aldea El Espinal, Juticalpa.
Fuerza de tarea especial
El gobierno también ha creado una fuerza de tarea especial para combatir el tráfico de drogas y proteger la fauna en el mar Caribe. Esta medida se da en respuesta al uso de las costas hondureñas para el transporte de narcóticos y otros ilícitos.
Este proyecto forma parte de la estrategia más amplia del Plan de Solución Contra el Crimen.
Desafíos en transparencia
A pesar de la justificación de urgencia que avala las compras directas, esta iniciativa de contratación ha generado controversia, principalmente por las dudas en temas de transparencia del manejo de fondos públicos. En este sentido, diversos analistas señalan que, aunque las compras directas pueden ser necesarias para proyectos de seguridad, podrían generar un manejo de recursos poco claro.
Este tipo de adjudicación no es nuevo en el gobierno de Moncada, quien ya ha ejecutado proyectos mediante compras directas en otras instituciones. Aunque el gobierno ha defendido esta estrategia, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertan sobre la falta de control de fondos.
Las críticas también se basan en que la Secretaría de Defensa no es la idónea para llevar a cabo ciertos proyectos. Uno de ellos es la construcción de la megacárcel, gestión que recae en el sector de infraestructura.
