ESTADOS UNIDOS. Los ataques de Donald Trump contra un juez de origen mexicano fueron recibidos como una muestra más de racismo, pero también como una preocupante señal de lo que puede ser su gobierno.
“Los borrascosos ataques de Trump contra la prensa, las quejas sobre el sistema judicial y audaces reclamos al poder presidencial dibujan colectivamente una visión constitucional que muestra desprecio por la Primera Enmienda, la separación de poderes y el Estado de derecho”, afirmó The New York Times citando a “expertos legales de todo el espectro político”.
Los señalamientos ocurren cuando a más de dos meses del inicio formal de la campaña presidencial, Trump y la casi segura candidata demócrata Hillary Clinton luchan por descalificarse mutuamente.
Trump afirmó el jueves que Clinton debería ir a la cárcel por el uso de un servidor privado y por tanto no “seguro” para sus mensajes secretos mientras fue secretaria de Estado (2008-2012).
Clinton aseguró por su parte que Trump no está emocionalmente preparado para ser Presidente de la principal potencia del mundo, y evocó el peligro de que alguien tan sensible a la crítica tuviera acceso a los códigos del armamento nuclear estadunidense.
Hillary tiene una ventaja de 11 puntos sobre Trump, de acuerdo con la encuesta Reuters-Ipsos que puso a la demócrata con 46% de los encuestados a favor por 35% que apoyan al republicano.
Con todo, la batalla electoral parece un caso en el que un hombre con un enorme carisma pero hueco choca con una mujer probadamente fuerte pero de personalidad difícil, a un extraño a la política con una persona inmersa por décadas.
En ese marco, la idea de que el empresario no haga diferencias entre sus intereses personales parece ganar terreno al menos en algunos sectores estadunidenses y consignó comentarios según los cuales sería posible que su eventual elección resultara en una crisis constitucional.
“A cinco meses del día de la elección, Trump ya dijo que “relajaría” las leyes de libelo para facilitar demandas contra organizaciones noticiosas; ha amenazado con enviar reguladores federales contra sus críticos. Ha alentado el maltrato de manifestantes”, ennumeró el diario.
Pero han sido sus críticas al juez Gonzalo P. Curiel, de la Corte Federal de Distrito en San Diego, lo que más llamó la atención y de hecho provocó comentarios críticos de algunos de sus partidarios menos entusiastas, como el republicano Paul Ryan, presidente de la Camara baja.
“Estoy en total desacuerdo”, dijo Ryan al considerar los comentarios de Trump como fuera de base.
Curiel es un respetado juez federal, hijo de padres mexicanos, que fue Fiscal Federal en el sur de California y debió ser trasladado a Washington cuando un cártel mexicano puso precio a su cabeza. Después de varios años en la capital estadunidense regresó a California, donde
ahora se desempeña.
Pero es también el juez que lleva el caso contra la “Universidad Trump”, acusada de fraude por varios de sus exalumnos y al que Trump acusa de estar prejuiciado en su contra por ser de origen mexicano.
“Así empieza el autoritarismo. Con un presidente que no respeta el (poder) judicial”, comentó David Post, un exprofesor de derecho que escribe para el blog conservador Volokh Conspiracy, especializado en temas legales.
Excelsior
