Tegucigalpa, Honduras. La nueva regulación de retener los pagos en las obras hasta que haya una supervisión de los equipos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) podría afectar a los contratistas del sector construcción, quienes incluso podrían interponer demandas contra el Estado.
Marlon Cardona, un contratista capitalino, afirmó a Diario TIEMPO que la medida vendría a afectar el flujo de dinero para el pago de los empleados y la maquinaria alquilada que requiera el proyecto.
El contratista señaló que normalmente se establecen retenciones de un 5 % por cualquier inconveniente durante el desarrollo de la obra, pero luego se les reembolsa.
«Afecta bastante porque retendrán el dinero y uno espera el pago, porque debo pagarle a mi equipo quincenalmente, uno renta equipos, y eso se tiene que cumplir también», expresó.
Para concluir, argumentó que el personal «no entiende de esas retenciones, solo quieren su pago. Nosotros al no contar con ese dinero recurriríamos a préstamos y eso nos endeuda».
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Centralización
La Sefin afirmó que se llevaría a cabo la retención de los pagos a los contratistas de las obras públicas de al menos 10 Secretarías del Estado que no cumplan con los estándares y avances físicos constatados en las supervisiones.
Por su parte, ayer, las autoridades anunciaron la creación de un gabinete sectorial orientado a la coordinación, gestión y transparencia de la inversión pública, que liderará Sefin
La Secretaría de Finanzas será la encargada de coordinar el gabinete, mientras que la de Planificación Estratégica ejercerá como secretaría.
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Asimismo, indicó que el gabinete será integrado por la Dirección de Gestión para Resultados, la Secretaría de Transparencia, las instituciones ejecutoras de la inversión pública como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y otros, pero no tendrán voto.
El gabinete presentará recomendaciones y brindará informes periódicos a la presidenta Xiomara Castro sobre el proceso de ejecución de inversión pública.
Posibles demandas
Un ingeniero y contratista con amplia experiencia en el desarrollo de obras públicas, quien pidió el anonimato, explicó a diario Tiempo, que en la mayoría de contratos de obras no se contempla la medida que aplicó Finanzas.
«Si no está establecido en el contrato, es ilegal. Si no hay una cláusula que lo diga, Sefin no va a tener potestad de retener el dinero. Incluso las compañías van a tener potestad de demandar al Estado», dijo a este medio de comunicación.
Agregó: «Es algo que por lo general no se pone en los contratos, cuando los proyectos son del Estado, en los contratos se habla de la supervisión de las obras y las obras se pagan mediante estimaciones. Los avances de obras que los contratistas presentan son la base con lo que se les paga».
No obstante, recomendó a los contratistas revisar los contratos establecidos para evitar situaciones no establecidas en el mismo. De lo contrario, recurrir inmediatamente a la vía legal.
Negativa a constructoras
Osmin Bautista, integrante de la junta directiva de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), dijo a TIEMPO que es una decisión negativa que arrincona a las empresas constructoras.
«Es una decisión altamente negativa, arrincona el flujo de caja operativo de empresas constructoras que han ejecutado obras. Cuyas estimaciones han sido ya aprobadas por las respectivas supervisiones que dan fe del avance de lo pretendido y que viene a oxigenarlas. Esas retenciones son una dificultad que preocupa», expuso.
Agregó: «Tendremos que buscar una pronta salida a este engorroso impulse que puede llevar a la quiebra a empresas. Que tienen sacrificio financiero ya está en peligro en demorar un pronto pago».
Además, el expresidente de la Chico, Óscar Calona, afirmó que con la lentitud de los procesos estatales, podría generar una crisis en el sector.
Sin duda, la brusca medida de Finanzas solo evidencia la inexperiencia del nuevo ministro Marlon Ochoa en procesos de administración pública.
Puesto que en estos contratos no se suele retener el 100% de los fondos para las obras y menos si los acuerdos no lo contemplan, coinciden los expertos. Situación que acarrearía responsabilidades al estado, desempleo y más migración al sector construcción.
