Distrito Central, Honduras. Varios puentes de la capital de Honduras, Tegucigalpa, amanecieron este lunes con varias pancartas donde claman la pronta instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una de las promesas de campaña del actual Gobierno.
Según cuestionamientos, a más de dos años de haber tomado posesión Xiomara Castro como presidenta de Honduras, la CICIH sigue sin funcionar en el país. Aunque el oficialismo ha asegurado que se encuentra en proceso de negociación, partidos opositores han cuestionado el retardo del mismo, y han presionado para que se creen las condiciones mínimas para el establecimiento de la Comisión.
La preocupación por dicha instalación ha llevado a que desconocidos coloquen gigantescas pancartas en varios sectores de Tegucigalpa con la frase: «Y la CICIH ¿cuál es el miedo?».
Hasta el momento, no se sabe quiénes están detrás de esta exigencia pública. Sin embargo, algunos medios locales han atribuido el acto a los partidos opositores, quienes estarían creando una campaña para la rápida instalación de la Comisión.
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Reformas para instalar la CICIH
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó nueve reformas legislativas para hacer efecto a la instalación de la CICIH. El Congreso Nacional ya había realizado algunas de ellas por propia iniciativa, los cuales son:
- Derogación Decreto 116-2019: Trataba sobre la liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para los actores con responsabilidad en ejecución de fondos departamentales. Su derogación representa un paso crucial para eliminar barreras legales que obstaculizaban la persecución de la corrupción.
- Derogación del Decreto 93-2021: Este decreto reformaba y derogaba 27 artículos del Código Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos, los cuales protegían hechos considerados de corrupción, lavado de activos y violación de los derechos humanos. Su derogación fortalece la capacidad del sistema legal para perseguir y sancionar los delitos de corrupción.
- Derogación del Decreto 57-2020: Este decreto interpretaba los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, con el propósito de impedir al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos relacionados con hechos considerados de corrupción. Su derogación elimina obstáculos procesales que podrían haber dificultado las investigaciones de casos de corrupción.
Además de las reformas mencionadas anteriormente, se están considerando otras modificaciones legislativas solicitadas por la ONU. Una de estas es la Ley de Municipalidades, con el objetivo de evitar que los municipios estén exentos de las investigaciones de corrupción.
Otra reforma importante se dirige a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eliminando la inmunidad parlamentaria. Esta medida busca garantizar que ningún funcionario esté por encima de la ley y que todos sean responsables ante la justicia.
