REDACCIÓN. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la suspensión a una acción de amparo a favor del exsecretario de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) notificó el hecho.
En este sentido, el exfuncionario es acusado por presuntos actos irregulares cometidos durante la pandemia del Covid-19. Del mismo modo, se dio a conocer que el proceso penal contra Rubí queda aplazado.
Además, el informe del Ministerio Público (MP) detalla que se abre la posibilidad que se beneficie con cartas de libertad. Este proceso, solo dejaría vigente, unicamente, las imputaciones contra el ex subcomisionado de COPECO, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
De igual forma, los procesos en contra la exdirectora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra. Ambos, por fraude a título de cooperadores necesarios.
Investigaciones
Según las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se estableció que los acusados gestionaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax. En este sentido, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias.
Sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora. Del mismo modo, se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
No había estudios
De acuerdo a la investigación, la obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales en función a las necesidades en el área de salud.
Además, se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia.
En la investigación también se establece que Gabriel Rubí autorizó el paso del 15% de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra. De igual manera, Gustavo Adolfo Cruz autorizó, de manera unilateral, a la empresa que ejecutaría la obra.
También, Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Inconclusa
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.
En el caso de Gustavo Adolfo Cruz Gómez, Arlette Magaly Montero Rodríguez y Fernando Sierra se fijará la audiencia de proposiciones de pruebas en el tribunal de sentencia. En cambio, Cristian Elías Santeli aún se encuentra prófugo de la justicia.
