Redacción. Hoy la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discutirá la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía Política, aprobada bajo el Decreto 04-2022, y que ha divido a la opinión pública desde su aprobación el 03 de febrero de 2022.
La controversial ley es muy cuestionada, por favorecer la absolución de la acción penal a presos y perseguidos políticos. Precisamente, quienes se opusieron al régimen que tomó el poder durante el golpe de Estado del 2009.
Muchos señalan que es para que funcionarios y empleados que fungieron durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales tengan una especie de «blindaje», entre los que destaca Enrique Flores Lanza, acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Otro de los favorecidos es Marcelo Antonio Chimirri Castro, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Él, estaba en la mira judicial por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude.
La historia tampoco dejó pasar por alto a César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
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¿Qué contempla la ley?
De acuerdo a lo declarado por Odalis Nájera, magistrada de la Sala de lo Laboral de la CSJ, la discusión del Decreto 04-2022 también conocido como «Pacto de Impunidad» que estaba programada para la sesión del 20 de septiembre, sigue en vigor y hoy discutirán particularmente un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley.
Nájera, detalló que el decreto mencionado consiste en tres puntos claves:
- Refiere a los funcionarios del gobierno entre 2006 y 2009.
- Hay una sección dedicada a los defensores de derechos humanos entre 2009 y 2022.
- La determinación del Estado de Honduras de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en el país.
En ese sentido, sostiene que el Decreto 04-2022 no solo trata de amnistías políticas, también incluye un compromiso del Estado para establecer una Misión Internacional Anticorrupción, así como la amnistía para defensores que se aprobó entre 2009 y 2022.
Ella anticipó tres posibilidades de decisión: a favor, en contra o parcialmente en contra del decreto. Clarificó que son decisiones que se evaluarán internamente en el contexto de la discusión jurídica. O sea, la que se llevará a cabo hoy en horas tempranas de la mañana.
Polémica integración de suplente
Entre la efervescencia política, ideológica y constitucional, se suma un cambio de última hora en la integración a los magistrados de una suplente. Se trata de Anabelly Suyapa Medina Moncada una abogada independiente que ocupara el lugar de un magistrado por que siete estarán ausentes.
Por su parte, el magistrado que preside la Sala de lo Penal, Nelson Mairena esclareció que la integración repentino de Medina es correcto. «Conforme al reglamento, debe llamarse a las personas, o los abogados, que figuraron en la lista de los 45 nominados por la junta proponente para magistrados. Y dentro de ellos debe hacerse rotativo, o puede integrarse a ellos», instruyó Marine.
Luego, insistió en que el llamado es conforme a ley, dado que es dentro de los parámetros del reglamento que rige la CSJ. «Ella puede incorporarse para formar parte de la discusión el día de mañana», agregó.
Es un «indulto disfrazado»
El togado Oliver Erazo considera que la amnistía política es solo un «indulto disfrazado». Argumenta que su único objetivo es liberar a las personas que tienen problemas con la justicia.
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«El contenido de ese decreto parece más un indulto que una propia amnistía y en ese sentido se involucra el legislativo en prerrogativas del ejecutivo porque solo este último puede otorgar ese beneficio», expresó Erazo.
De igual manera, expuso que aunque las autoridades del Congreso Nacional lo llamen amnistía, en realidad es un «insulto». Posteriormente, subrayó que es una medida legal para terminar con la responsabilidad penal, que supone disculpar la pena.
Preliminarmente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió la eliminación del decreto que establece la amnistía política para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Sin duda, este llamado al pleno representa una gran responsabilidad de la CSJ que dio un resultado aplaudido con el tema de las ZEDE y que en esta ocasión representa una prueba de fuego que le pone el termómetro a la imparcialidad de los magistrados del Poder Judicial.