Honduras.- La Cámara de Comercio e Industria de Choloma (CCICH) solicitó a las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) sostener una reunión para afrontar el tema del flagelo de la extorsión en este municipio ubicado al norte de Honduras.
La directora de la CCICH, Alejandra Mejía, detalló que desde hace varias semanas se le ha estado dando seguimiento a los emprendedores que están siendo víctimas de este flagelo.
«Es doloroso escuchar sus testimonios. Hemos apoyado en temas de legalización, acceso al capital semilla no reembolsable. Además, (es inconcebible) que por temas de extorsión estemos cerrando este emprendimiento y generación de oportunidades”, lamentó.
A su vez, recriminó que la situación no está permitiendo la generación de nuevos empleos, por lo que se desacelera la reactivación económica.
Por otra parte, Mejía comentó haberse reunido con las autoridades de la alcaldía de Choloma para generar un espacio de diálogo y construcción de apoyo institucional. Asimismo, buscan brindar una respuesta a las denuncias y seguir un protocolo adecuado, que la población se sienta respaldada.
«Cómo es posible que nosotros vengamos con una ruta de apoyo a emprendedores y la extorsión bote todos los sueños», expresó la directora de la CCICH.
Finalmente, lamentó la perdida de más de 10 mil empleos en Choloma, la mayoría a causa de la extorsión, sostuvo.
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L1,400 millones por extorsión recaudan grupos delictivos en Honduras
El dirigente del transporte público, Gerardo Aguilar, comunicó que alrededor de L1,400 millones anuales se pagan por extorsión en Honduras.
Asimismo, el dirigente señaló que los grupos delictivos en vez de reducirse se han incrementado. «Eso se sabe desde el comienzo del año, han surgido nuevos grupos criminales que nos tienen sometidos a nivel nacional», expresó.
Del mismo modo, resaltó que «hay cuatro grupos extorsivos que están afectando el transporte público«.
En tal sentido, explicó que «los pagos se hacen a través de monederos electrónicos, muchos de esos no están normados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros ni del AHIBA. Eso les permite una facilidad total para poder hacer estos cobros».
«También se ha descubierto que muchas personas que reciben estas transferencias están fallecidas. Es decir, un tráfico de identidades de personas ya fallecidas, por lo tanto, el Registro Nacional de las Personas debe dar baja a estas personas no solo en sistema electoral, sino que en cualquier tipo de transacción», añadió.
Finalmente, agregó que «hay rutas que ya han desaparecido. En el caso de Tegucigalpa hay rutas que ya no están prestando el servicio, muchos puntos de taxis también han desaparecido y constantemente semana a semana vemos rutas que paralizan».