Tegucigalpa, Honduras.- El representante de la empresa internacional DRC INC, Murray Paul Farmer, demandante contra el Estado, llegó junto a su cuerpo de abogados al país en busca del respaldo y asesoría de empresarios hondureños.
Según se conoció, el estadounidense sostuvo una reunión con los empresarios locales para que lo asesoran con respecto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obliga al Estado hondureño a pagar casi 3 mil millones de lempiras por una demanda.
La demanda está relacionada con un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID–Honduras), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
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El proyecto tenía como propósito la reconstrucción del país tras el devastador paso del huracán Mitch, a finales de 1998.
De acuerdo con las formaciones, USAID-Honduras contrató mediante licitación pública, a la empresa estadounidense DRC INC para la ejecución de las obras.
Asimismo, subcontrató a la empresa Nacional de Ingenieros S. A. (Nainsa). Sin embargo, la justicia de los Estados Unidos intervino el contrato al no estar permitida la subcontratación. Luego, envió un equipo de fiscales que determinó no pagar una obra que estaba por realizarse.
«Es una red de corrupción»
En días anteriores, los titulares de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, y de la Procuradoría General de la República (PGR), Manuel Díaz, ofrecieron una conferencia de prensa, donde aseguraron que se trata de una red de corrupción porque es una demanda que ya fue desestimada por la Corte de Washintong.
Las autoridades aseguraron: «decidimos no entregar ni un tan solo lempira de Caja Única del Tesoro».
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Para Rixi Moncada, el objetivo de la demanda es «sabotear el Gobierno», porque la suma que esperan obtener los demandantes compromete el cumplimiento de obligaciones del Presupuesto General.
«Denunciamos la red de corrupción público y privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia que ha condenado al Estado», señalaron.
