TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un grupo de empleados de las tiendas Mangy’s Store denunciaron públicamente frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recibieron amenazas de parte de personal de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
«Nos pasan amenazando que nos van a despedir si protestamos», manifestó Nery Gálvez, quien fungió como gerente de una de las tiendas. Además, aseguró que en San Pedro Sula ya despidieron a uno de sus compañeros.
Según Gálvez, con dichas acciones pretenden «que nosotros no protestemos y que nos quedemos callados».
En el plantón frente a la CSJ exigieron que se les respeten sus derechos laborales. Asimismo, que se les otorgue el pago de su salario y que liberen a los dueños de las sucursales que fueron capturados.
Cabe recordar que hace aproximadamente dos semanas, la OABI aseguró las tiendas Mangy’s Store; más de 30 tiendas en distintos lugares de Honduras. En ese sentido, al menos unas 600 personas resultaron afectadas y podrían quedar desempleadas.
Según los afectados, el personal de la OABI ofreció pagarles sus salarios el 15 de marzo. Posteriormente, desplazaron la fecha para el 30 de este mes.
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Cierre de fuentes de empleos
Sobre el tema, Marlon Duarte, abogado defensor de uno de los imputados, cuestionó el cierre masivo de las fuentes de empleo. Al tiempo que negó que su cliente, apellido Lobo, tenga nexos familiares con hondureños extraditados.
“No se pueden cerrar 32 tiendas y dejar a 850 familias sin empleo de la noche a la mañana solo porque se le ocurrió a un cipote decir que hizo una investigación en internet”, dijo.
Lo anterior, debido a que en las acusaciones realizadas por la Fiscalía se detalló que en enero del 2018 recibieron una denuncia. En la cual se señala a los ciudadanos Wilmer Lobo y Nery Mejía como personas que han aumentado su patrimonio de manera acelerada utilizando el negocio de venta de ropa usada para lavar activos.
Según la Fiscalía, también recibieron información del sistema financiero con la cual se hace evidente el traslado, la transferencia y conversión de activos por montos que no se corresponden con la actividad económica que desarrollan los investigados.
