Raúl Peña
El problema de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, comienza a tomar proporciones y matices preocupantes y era de esperarse ya que las fuerzas “Fácticas” están mostrando desde la obscuridad hasta donde llega su poderío en el afán de mantener la situación tal y como está para no enfrentarse a gente proba y con decisión de cambio en el ámbito de la justicia.
Si lo vemos fríamente, nada ha cambiado en relación con el proceso anterior y como decía Einstein: “si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, obtendremos los mismos resultados”. Lo trascendental de esta elección es que está en juego el futuro de la nación, puesto que la actual corte ya nos hereda una serie de adefesios y entuertos que de ser apegados a ley, tendríamos ya en la cárcel a los 127 diputados, a los 15 magistrados y a la mayoría del ejecutivo, por lo que para empezar debemos reconocer que aunque se resolvieran muchas cosas, siempre quedarán pendientes situaciones ilegales que habrá que hacerse de la vista gorda con el propósito de mantener el estado de derecho y la anémica democracia que ostentamos.
Aquí, donde la justicia depende de los caprichos de una cúpula y sus principales operadores se eligen bajo presiones políticas, se nos está condenando a vivir en la impunidad y peor, a seguir tomando la justicia en nuestras propias manos y a vivir en la pobreza, puesto que nadie quiere invertir en Honduras por la increíble inseguridad física y jurídica que en este momento se vive.
Decimos que está en juego el futuro de la nación porque el mayor anhelo del pueblo es la justicia y ésta se le ha negado y aún más, se ha actuado en contra de los intereses del pueblo desde su presidente, hasta la corte de lo constitucional, la judicatura y algunos jueces que responden a intereses superiores, que como asalariados están obligados a defender. Todos sabemos que esta corte saliente ha estado irrespetando el contrato civil de los hondureños con su gobierno y se ha dado el lujo de declarar inconstitucional la constitución que ellos y el mismo presidente de la República juraron hacer cumplir, todos hemos podido ver la balanza de Temis moverse hacia el color del mar; y a la dignidad y la honorabilidad doblarse ante la prepotencia y la avaricia.
En lugar de preguntarse: ¿qué está mal en este proceso? parece que más bien nos debemos preguntar: ¿qué está bien? ya que para el caso el bochornoso acto sucedido en el Colegio de Abogados, luego de haber desestimado una noble propuesta de un grupo de abogados que pedían que antes de nombrar a matacaballo a los representantes del colegio, se nombrara una comisión para investigar a cada uno de los propuestos: su hoja de vida, su conducta, el patrimonio, sus declaraciones de impuesto sobre la renta, si estaban denunciados ante el Ministerio Público o el Tribunal de Honor; los abogados procedieron a elegir de acuerdo a votaciones donde los carteles, los buses contratados, las ofertas y hasta la comida servían de instrumento para atraer votantes; igual bochorno se vivió en la elección de los representantes de la sociedad civil, donde hasta Judas salió a relucir y los pastores evangélicos salieron trasquilados por las huestes de LIBRE, quienes como siempre usaron el insulto, la descalificación y la violencia para manifestar sus posiciones, correctas o no.
En el Congreso Nacional que será al final donde se consume el acto, un diputado de LIBRE manifiesta abiertamente – cierto o no – que el partido de gobierno estaría ofreciendo hasta 10 millones por cada voto con la finalidad de juntar los 86 votos que exige la mayoría calificada para la elección de la nueva corte y en pláticas de diputados es común escuchar que la situación quedará igual en proporción, o sea, 8 a 7 de lo que deducimos que el estatus quo, estaría entronizado a los más altos niveles del bipartidismo y que al final corremos el riesgo de tener un poco más de lo mismo.
Por su lado, la corte como queriendo curarse en salud, ha emitido un comunicado con fecha 18 de agosto y firmado por Lucía Cruz Menéndez, donde se convoca a sus empleados a participar en la selección de los miembros para la junta nominadora y especifica claramente que los candidatos no deberán tener denuncia pendiente ante el ministerio o tribunal, no haber tenido o tener demandas y declaración jurada de no estar inhabilitados, lo cual está de acuerdo a la Ley Orgánica; que se cumpla será otro cuento.
La universidad ha jugado también un triste papel que generó denuncias; el Cohep, los trabajadores y el comisionado podrían ser esperanza.
Pero como dijimos, todo morirá en brazos del congreso y allí está el detalle, como dijo Cantiflas.
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