REDACCIÓN. El Papa Francisco decretó, en un documento publicado este jueves bajo el título ‘Vos estis lux mundi’ (‘Vosotros sois la luz del mundo’), que todos los miembros del clero tienen la «obligación de informar a un obispo o al superior religioso» en caso de tener conocimiento de algún caso de abuso sexual, también, «a las autoridades civiles competentes».
Además, el máximo pontífice exigió la creación de un sistema accesible a cualquier persona que quiera realizar una denuncia en este sentido. Igualmente, que sea capaz de proporcionar protección y asistencia a los denunciantes.
Se trata de las dos principales medidas de una ley eclesiástica de «propuestas concretas». Que se propone la erradicación de los casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia católica. La iniciativa tiene lugar después de la histórica cumbre sobre el asunto, celebrada en febrero con los representantes de todas las Conferencias episcopales. Se enmarca en el cumplimiento de una promesa articulada por el máximo pontífice a finales del año pasado.
El primer artículo define con claridad el objetivo de esta nueva normativa. Forzando a dar a conocer todas las situaciones en las que «se obligue a alguien, con violencia, amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales». La norma se refiere igualmente a los «actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable». Asimismo, a «producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil».
Apoyo al denunciante
La protección de víctimas tiene un papel central en este nuevo marco normativo. Establece que los denunciantes no pueden ser objeto de «prejuicios, represalias o discriminación». Además, no debe imponérseles bajo ningún concepto la obligación de silencio con respecto al contenido de sus denuncias. Por lo que son libres de hablar de ello con quien deseen, incluidos los medios de comunicación.
En este sentido, el Papa especificó que «las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados», así como «con sus familias» para asegurar que sean «tratados con dignidad y respeto». La máxima autoridad ordena que los miembros de la Iglesia ofrezcan a las víctimas «acogida, escucha y seguimiento. Incluso mediante servicios específicos», además de «atención espiritual y asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso».
Con respecto a la tramitación administrativa de las denuncias, se especificó que ésta «procederá sin demora. Y en cualquier caso, dentro de los treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del representante pontificio». Especificando además que, desde el inicio al cierre de las investigaciones preliminares en la diócesis, no pasarán más de 90 días. Sin embargo, este plazo podría prolongarse por motivos justificados.
