REDACCIÓN. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron amplias medidas adicionales para gestionar humanamente la frontera, tras conclusión del Titulo 42.
Según un comunicado, estas medidas se pondrán en ejecución por medio de la disuasión, la aplicación de la ley y la diplomacia.
Con el apoyo del Departamento de Defensa y de múltiples países del Hemisferio Occidental, el DHS y el Departamento de Estado están implementando dicho plan dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración descompuesto que el Congreso ha fracasado repetidamente en arreglar.
De acuerdo con el escrito, apartir de este jueves, 11 de mayo, a las 11:59 horas, la orden de salud pública del Título 42 de la época de la pandemia se levantará porque COVID-19 ya no es la amenaza. «Cuando se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará su aplicación de las normas de inmigración del Título 8 que datan desde hace largo tiempo para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a la frontera de Estados Unidos y no tienen una base legal para permanecer», indica el texto.
Las personas que crucen la frontera suroeste de Estados Unidos sin autorización o sin haber utilizado una vía legal, y sin tener programada una hora de llegada a un puerto de entrada, se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo, salvo que se aplique una excepción.
Si se les expulsa, se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y podrán simeterse a enjuiciamiento penal por intento reiterado de ingreso ilegal.
La transición de vuelta a la tramitación del Título 8 para todas las personas halladas en la frontera será efectiva inmediatamente cuando se levante la orden del Título 42.
Medidas adicionales
Como parte del plan integral, la Administración está anunciando amplias medidas adicionales, incluyendo:
Apertura del primer Centro Regional de Procesamiento (RPC)
El Departamento de Estado tiene previsto abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental. Y en los próximos días pondrá en marcha una plataforma en línea para que las personas puedan concertar citas para llegar a un centro cercano.
Más de 140 funcionarios federales, están siendo desplegados para apoyar estos centros físicos, que servirán para dirigir a los migrantes hacia vías legales en las primeras etapas de su viaje y mucho antes de llegar a la frontera suroeste. El personal de los Centros Regionales de Procesamiento examinará a las personas. Ellos determinarán si reúnen los requisitos de Estados Unidos para el reasentamiento de refugiados u otras vías legales de ingreso en Estados Unidos, Canadá y España.
Desplegar primer grupo de efectivos adicionales en apoyo a la patrulla fronteriza
Inicialmente habrá 550 efectivos militares estadounidenses que estarán en sus puestos el miércoles para empezar a apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera suroeste. Se unirán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya prestan apoyo a la CBP en la frontera. Estos efectivos adicionales prestarán apoyo administrativo en las instalaciones de la CBP en el suroeste.
El apoyo incluirá entrada de datos, apoyo de almacenamiento, y aumento de las actividades de vigilancia y detección de la CBP para que sus agentes y oficiales puedan salir al terreno para asegurar y gestionar humanamente la frontera. Los 1.000 efectivos restantes se anunciarán próximamente e incluirán personal del Ejército, la Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas.
Aumentar recursos para gestionar el aumento de las personas halladas
Para gestionar de forma humanitaria el aumento de las personas halladas, la CBP y la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están ampliando aún más la capacidad de detención, incrementando los vuelos de expulsión y trasladando agentes y oficiales a regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste.
La CBP ha inaugurado esta semana dos nuevos centros de detención, y la ICE tiene previsto habilitar otras 5.000 camas esta semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está aumentando su capacidad de camas para prepararse ante un posible aumento del número de menores no acompañados. El DHS también puso en marcha operaciones específicas de aplicación de la ley en regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera, incluido El Paso, para procesar rápidamente a los migrantes y que sean sujetos a procedimientos de expulsión. La semana pasada, el DHS también anunció más de 250 millones de dólares en ayuda adicional para las comunidades que reciben a los migrantes.
Lea también: Migrantes en frontera norteamericana enfrentan un laberinto legal
Ampliar el acceso a la aplicación “CBP One”
El DHS hará la transición de la aplicación CBP One a un nuevo sistema de programación de citas el 10 de mayo, con el fin de permitir un mejor acceso a este proceso ordenado para solicitar asilo en los Estados Unidos. Bajo el nuevo sistema, los no ciudadanos tendrán más tiempo para solicitar citas y, si se les asigna una cita, tendrán más tiempo para confirmarla. A la hora de asignar las citas, la CBP dará prioridad a los extranjeros que lleven más tiempo esperando.
Este cambio dará a los no ciudadanos más tiempo para conocer la aplicación de programación de citas, y por lo tanto ayudar a asegurar que los no ciudadanos con conectividad limitada tengan oportunidades significativas para programar citas para presentarse en los puertos de la frontera suroeste. Además, la CBP también aumentará el número de citas disponibles cada día.
Emitir nuevas reglas para alentar a los migrantes a utilizar las vías legales
La Administración Biden-Harris ha liderado la mayor expansión de vías legales para la protección en Estados Unidos en décadas.
Se publicará una norma definitiva para animar a las personas a utilizar esas vías legales en lugar de intentar ingresar en Estados Unidos sin autorización. Esta norma es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en Estados Unidos en un momento en el que el Congreso se niega a reformar las leyes de inmigración descompuestas o a proporcionar los fondos necesarios para contratar a suficientes funcionarios de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes.
Aumentar los esfuerzos para contrarrestar la información errónea
Los traficantes han intensificado sus esfuerzos para afirmar falsamente que la frontera está abierta con el fin de aprovecharse de los migrantes vulnerables. En respuesta, el Departamento de Estado y el DHS están intensificando sus esfuerzos para contrarrestar esta desinformación. Incluyendo el lanzamiento de campañas publicitarias digitales adicionales en América Central y del Sur, y en el Caribe.
Esta campaña comunicará claramente que las personas que crucen ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos se presumirán no elegibles para el asilo bajo las nuevas regulaciones. Estarán sujetas a la expulsión acelerada, y se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos cinco años, si se ordena su expulsión. El Departamento de Estado también está ampliando la información sobre las vías legales de migración. Esta información se difunde a través de las redes sociales, los periódicos, la televisión y la radio en zonas de alta emigración de toda la región.
Las medidas adicionales anunciadas hoy se basan en las acciones que el Departamento de Estado y el DHS anunciaron a principios de este mes. Todo con la finalidad de gestionar humanamente la frontera a través de la disuasión, la aplicación de la ley y la diplomacia.
Esto también se basa en el trabajo del DHS durante el año pasado, esbozado por primera vez en abril de 2022 en el Plan del DHS para la Seguridad y Preparación de la Frontera Suroeste. Dichas acciones incluyeron:
Disuasión
- Envío de autoridades panameñas, colombianas y estadounidenses al Darién para mejorar la seguridad de esta región y erradicar las redes criminales de contrabando.
- Duplicar el número de refugiados procedentes del Hemisferio Occidental que sean aceptados.
- Ampliar y crear nuevos programas de reunificación familiar.
- Aceptar hasta 30.000 personas al mes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte de los procesos ampliados de permisos (parole) anunciados a principios de este año.
- Imponer consecuencias a los inmigrantes que no utilicen las vías legales, incluida la prohibición de reingreso durante cinco años y la presunción de inelegibilidad en virtud de una nueva normativa.
- Expulsión acelerada, con consecuencias para los expulsados, como la prohibición de reingreso durante cinco años.
Aplicación de la ley
- Enviar 1.500 soldados a la frontera (hasta un total de 4.000 efectivos). Además, la DHS está incorporando a miles de contratistas y empleados no uniformados de ese Departamento para ayudar en las tareas administrativas. Con esto se pretende liberar a más de los 24.000 agentes de la agencia para que se centren en las tareas de primera línea.
- Aumentar el número de funcionarios de asilo para agilizar los plazos de tramitación de meses a días para los que han cruzado la frontera recientemente. Realización de entrevistas sobre la posibilidad creíble de sufrir temor para determinadas poblaciones en una fase más temprana del proceso, lo que permite al DHS expulsar rápidamente a aquellos que no tienen una base legal para permanecer.
- Aumentar la capacidad de la CBP para retención en más de un 50 %.
- Aumentar drásticamente el número de vuelos semanales de expulsión, duplicando o triplicando el número de vuelos para algunos países.
Diplomacia
- Garantizar acuerdos de repatriación de países del Hemisferio Occidental. Además de los esfuerzos diplomáticos con México para expulsar rápidamente a las personas que no puedan ser retornadas a sus países de origen.
- Intensificar las acciones conjuntas de México y Estados Unidos para luchar contra los contrabandistas y traficantes de seres humanos que explotan a los migrantes.
- México y Estados Unidos duplican sus esfuerzos de desarrollo centrados en el apoyo de persona a persona.
Múltiples agencias federales trabajan para gestionar la frontera utilizando las herramientas de las que disponen. Pero, el Congreso necesita actualizar nuestras leyes de inmigración. El Congreso también debe proporcionar los fondos solicitados por la Administración. Incluidos los 4.900 millones de dólares para seguridad y gestión de la frontera que el Congreso redujo a la mitad.