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martes, junio 18, 2024

Dos miembros de INVEST-H rinden declaraciones al MP sobre los hospitales

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un dúo de empleados de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) se personó ayer, miércoles, ante las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela para rendir declaraciones respecto a la adquisición de hospitales móviles.

Alex Alberto Morales (administrador) y Carlos Enrique Vallejo Mejía (encargado de sistemas) respondieron a las preguntas del personal de la ATIC y un equipo designado de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

Fue el Ministerio Público (MP) que emitió los detalles del encuentro. Se especificó que lo dicho por los funcionarios será utilizado como insumo en la indagación del caso. Ellos están bajo la condición de investigados.

En las redes sociales se reprochó a la Fiscalía General el no haber provisto fotografías de Morales y Vallejo mientras comparecían en su toma de declaración.

hospitales
Carlos Vallejo (derecha), ingeniero en sistemas, mientras recibía en 2019 un premio por un proyecto que desarrolló en INVEST-H.

De igual interés: MP afirma que planteles no están listos para instalar hospitales móviles

Continúan las investigaciones

El MP también dio a conocer que el siguiente jueves, 16 de julio, será la ocasión para que dé a conocer su versión Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud.

Esa entrevista será diferente a la que sostuvieron los declarantes de ayer, a quienes se les ordenó llegar a las instalaciones. Ella tendrá la comodidad de aguardar en la sede principal de la secretaría a que lleguen a interrogarla.

Cabe recordar que el martes, después de postergar su citatorio por sufrir COVID-19, compareció con el mismo motivo el abogado Marco Antonio Bográn. Él fungía como director de INVEST-H, pero, en medio del escándalo de los hospitales móviles, renunció a su posición.

Según lo descrito por Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, Bográn es el principal investigado. A él se le supone responsable de la comisión de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad; también, de la violación de los deberes de los funcionarios.

Después de este período de recopilación de información verbal, los fiscales y demás encargados proseguirán el curso de las averiguaciones. El propósito es dilucidar -y exponer ante la ciudadanía- qué acciones demanda la supuesta corrupción e irregularidades en la ejecución de fondos destinados a la crisis sanitaria por COVID-19.


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