BRASILIA -(Actualizado). La histórica sesión en el Senado de Brasil para votar sobre la admisibilidad de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, comenzó a las 10 de la mañana con una hora de retraso y un llamamiento del presidente de la Cámara, Renan Calheiros, que pidió serenidad durante la votación y dijo que no va a presentar su voto sobre la apertura de un procedimiento contra Rousseff.
Pero fue sólo después de dos horas que los primeros senadores registrados comenzaron a pronunciar sus discursos. Las cuestiones de órdenes denegadas sobre todo a los pro senadores del gobierno, contribuyeron a la demora en la audiencia.
El retraso para devolver la hora del almuerzo – casi una hora – retrasa aún más el proceso.
En total, 68 senadores se inscribieron para hablar ante el Senado, la cual está programada para durar 20 horas.
Se ha establecido seguridad en torno al Senado y se construyó un muro para separar a los manifestantes.
SAN PABLO. Después de haber jugado todas las cartas que le quedaban en la manga para evitar el juicio político, el tiempo de la presidenta brasileña, Rousseff , parece haberse acabado y se prepara hoy para enfrentar la decisiva votación del plenario del Senado de Brasil que decidirá si suspende o no a la mandataria de su cargo por hasta 180 días.
Roussef cerca de quedar fuera de la presidencia de Brasil
Los números al gobierno le juegan en contra: todas las encuestas indican que por lo menos 50 diputados votarán a favor del impeachment de la presidenta. Son necesarios 41 votos, de un total de 81 senadores, para que Rousseff se vea obligada a abandonar el Palacio del Planato y asuma de forma interina el vicepresidente Michel Temer, a partir del momento en que Dilma queda notificada, y hasta que el Senado dicte la sentencia final.
El gobierno trató ayer hasta último momento de evitar el impeachment y en un intento casi desesperado le pidió a la Corte Suprema de Brasil que anule el juicio político. Cuando faltaban menos de 24 horas para que comenzara la votación en el Senado, la Abogacía General de la Unión, que defiende a Rousseff, aseguró que el proceso debería quedar anulado ya que el origen del pedido de impeachment está motivado por una venganza personal del suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fue separado de su cargo la semana pasada acusado de corrupción y de obstrucción a la justicia.
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Cunha le dio luz verde al pedido de destitución de la presidenta en diciembre pasado, poco tiempo después de que parlamentarios del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) votaron a favor de abrir una investigación por corrupción contra el ahora destituido diputado, pero el pedido que el gobierno hizo ayer ante la Corte Suprema no fue el único intento de frenar el impeachment que hubo en los últimos días. Anteayer, el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, que asumió en lugar del suspendido Cunha, decidió anular la votación del pasado 17 de abril en la Cámara baja que aprobó el pedido de juicio político, pero la medida no prosperó y el mismo Maranhao, en lo que dejó en evidencia la fragilidad de los políticos en Brasil, dio marcha atrás y revocó su propia decisión.
En el que pudo haber sido su último discurso como presidenta, Rousseff dijo ayer estar cansada de «los desleales y traidores» pero no de luchar. La mandataria, que se sabe ya vació los cajones de su oficina del Planalto, se mostró activa estos últimos días y participó de una conferencia sobre políticas para mujeres, donde aprovechó para reforzar la tesis que defienden desde el gobierno de que es víctima de un «golpe».
«Quiero decirles que no estoy cansada de luchar. Estoy cansada de los desleales y de los traidores. Estoy segura de que Brasil también está cansado de los desleales y de los traidores y es ese cansancio que impulsa mi lucha cada día más», afirmó la mandataria.
La presidenta afirmó que renunciar no está en sus planes y volvió a tildar a Temer de «conspirador» y «golpista». De aprobarse el juicio político, el vicepresidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), antiguo aliado y hoy archienemigo de Rousseff, podría convertirse a partir de mañana en presidente interino, mientras los senadores juzgan durante un plazo de máximo 180 días si la presidenta cometió o no un «delito de responsabilidad». Si la encuentran culpable, Temer finalizará su mandato hasta 2018 y Rousseff pasará a la historia junto al destituido ex presidente Fernando Collor, que en 1992 fue también sometido a un juicio político. Collor, que actualmente es senador por el estado de Alagoas, votará en la sesión de hoy.
Si la presidenta queda hoy finalmente apartada del poder pasará su exilio político en el Palacio da Alvorada, la residencia oficial de la presidencia, mientras Temer intentará afianzarse en su mandato interino y tratará de volver a ganar la confianza de los inversores para poner al país otra vez en el camino del crecimiento y sacar a Brasil de la profunda crisis política y económica en la que está sumergido el país.
Los simpatizantes del gobierno, convocados por el Frente Brasil Popular que agrupa a varios movimientos sociales, hicieron ayer protestas en todo Brasil en contra del impeachment y de lo que consideran un «golpe». Está previsto que las grandes manifestaciones de hoy sean en Brasilia, frente al Senado, lugar en el que estiman juntar cerca de 10.000 personas. Los grupos a favor del juicio político también planean realizar manifestaciones en la capital, aunque serán menores que las registradas en abril, cuando la Cámara de Diputados votó a favor de la apertura del impeachment.
En San Pablo, corazón económico de Brasil, la expectativa sobre la votación de hoy es grande. Marisabel Silva es ingeniera, tiene 48 años y es una asidua participante de las protestas a favor del juicio político. Su mayor deseo es que Rousseff «se vaya de una vez», dice a LA NACION. «Voy a pasar toda la noche rezando para que los senadores aprueben el impeachment, Dilma representa todo lo malo que le pasó al país pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar, no quiero sentir más vergüenza de ser brasileña», cuenta mientras se tapa la cara.
Alan Lima es chofer, tiene 30 años, vive en un barrio formado por un conjunto de favelas en la zona norte de la ciudad y no está del todo convencido de que el juicio político sea la mejor opción para la crisis política. «Los políticos tienen que dejar de perder el tiempo y ponerse a trabajar, la falta de educación, salud e infraestructura la veo todos los días en mi barrio. Mi gran expectativa es poder tener un país menos corrupto y con más oportunidades», comenta.
Fuente: La Nación
