Redacción. Un juez con jurisdicción nacional desestimó este lunes las declaraciones que daría por la plataforma Zoom el abogado Fernando Suárez, implicado en el caso Pandora II.
Suárez es un testigo clave en el caso, puesto que era quien manejaba las ONG donde iban a parar los fondos de los casos Pandora I y Pandora II.
Es importante mencionar que Suárez se encuentra detenido en El Salvador, ya que huyó de Honduras en julio del 2022, tras abandonar el programa de Testigos Protegidos en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
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En ese sentido, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), detalló ante medios locales que no se consiguió la declaración virtual del imputado.
«Había que esperar a que El Salvador confirmara en 15 o 30 días para obtener esa declaración. El juez decidió desestimar el hecho de que el Ministerio Público pudiera contar con este testigo», explicó.
De igual manera, el portavoz calificó como un revés para el MP la desestimación, por el papel vital del imputado en el caso. Sin embargo, la Fiscalía todavía cuenta con más de 70 medios de prueba, con los que se va a continuar el juicio.
Imputados
Entre los imputados en el caso figuran el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, ambos acusados de fraude.
Además, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Johny Handal, Lilia Bográn, James Aldana y Roberto Zúniga, señalados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El expresidente Porfirio Lobo llegó a audiencia escoltado por su equipo de seguridad. Por el mismo caso se acusa al expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra preso en Estados Unidos.
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Investigaciones
El pasado 11 de octubre la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un requerimiento fiscal contra ocho funcionarios, entre ellos los expresidentes antes mencionados, ambos acusados por fraude.
Sin embargo, a Hernández también se le imputa por lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.
De acuerdo con las investigaciones de la UFERCO, durante los años 2010 y 2013, los altos exfuncionarios conformaron una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L288,016,175.00).
Según la UFERCO, los fondos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, SEFIN, BANADESA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Tras el requerimiento presentado, la UFERCO detalló que solicitaría la citación de algunos imputados y las órdenes de captura.
