Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público, mediante un comunicado publicado este día miércoles, desmintió el caso por supuesta corrupción y supuesto lavado de activos que involucra a políticos y altos funcionarios de la administración 2010–2014, presentado por la UFERCO.
Un juez ordenó que el MP mande al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la documentación de un caso de desvío de L30 millones de la desaparecida Secretaría de Infraestructura, hoy llamada Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), pese a que el ente acusador no ha presentado requerimiento.
En el comunicado se detalla que «el juez desestimó el caso y ordenó aplicar el principio de prejudicialidad administrativa» y enviar el expediente del documentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) al TSC, «pese a que este órgano no tiene competencias para elaborar una auditoría forense».
Comunicado del MP
Además, el MP deja claro en el comunicado que «el juez resuelve que el TSC realice una auditoría de investigación especial, aún y cuando el MP ya efectuó distintas diligencias, incluso con la conclusión de la auditoria forense».
Resolución del Juez
La Fiscalía informa que «el juez basó su resolución en el decreto 116-2019 contentivo del la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales en el Congreso Nacional, del cual se ha venido solicitando al Poder Legislativo su derogación».
Juez desestima caso de la #UFERCO sin haber presentado requerimiento fiscal https://t.co/y2x2kxTvP0 pic.twitter.com/jNKgcW6kO0
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 2, 2023
La resolución causó extrañez en la UFERCO, desde donde alegan que el funcionario judicial resolvió sin audiencia previa, violentando los principios que rige el sistema acusatorio.
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La UFERCO hará uso de los recursos correspondientes, además de enviar una alerta de preocupación por estas actuaciones judiciales.
Corrupción en el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa
De acuerdo a lo informado por el MP, la supuesta corrupción y lavado de activos involucra a políticos y altos funcionarios de la administración del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), del Partido Nacional.
Estos supuestos delitos de corrupción se llevaron a cabo durante la administración de Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich. Él era el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) entre el año 2013-2017.
Los fondos, de acuerdo a la investigación, los destinaron a financiar campañas políticas en 2013. Es decir, para las elecciones en las que ganó su primero mandato el nacionalista Juan Orlando Hernández.
