Redacción. Miriam Miranda, ambientalista y defensora de la comunidad garífuna, denunció recientemente que agentes policiales y militares causan atropellos y abusos contra pobladores de San Juan, Tela, en el departamento de Atlántida.
Miranda publicó en su perfil oficial de X: «Alertamos, policías, militares y la DPI, en estos momentos arremeten contra la comunidad de San Juan, Tela. Comunidad que obtuvo una sentencia a su favor por la Corte IDH. Exigimos respeto a la integridad física de los miembros de la comunidad. Los garífunas no somos invasores».
Por su parte, el canciller Eduardo Enrique Reina respondió al auxilio y detalló que se comunicó con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez y otros funcionarios. Les pidió que se respete las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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«Nos hemos comunicado de inmediato con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, con el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, ministra de DDHH, Angelica Álvarez, y el procurador general, Tony Galeas, para atender este asunto y que se respeten las sentencias de la Corte IDH», expresó Reina.
Protestan contra proyecto minero de Cerro Blanco
Ambientalistas de El Salvador, Guatemala y Honduras protestaron en contra del proyecto minero del Cerro Blanco que llegaría a contaminar el río Lempa, el más largo de Centroamérica.
Aproximadamente 300 personas se congregaron por cuatro años en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. El grupo ha advertido desde entonces que son más de 50 áreas de interés minero en la zona protegida de El Trifinio, que comparten los tres países.
«Sabemos que existe la amenaza latente en nuestros países: Honduras, El Salvador y Guatemala, con el extractivismo minero», detalló Vidalina Morales, ambientalista salvadoreña.
Por lo anterior, piden el «cierre definitivo» de la mina Cerro Blando. «Si El Salvador prohibió bajo una ley la minería metálica, también los países vecinos pueden hacerlo», agregó.
