TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana se intensificaron los operativos, retenes y medidas de control en la zona de Tocoa, Colon, como efectos colaterales del conflicto en minera de Guapinol.
Lo anterior lo confirmó el presidente del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Juan López.
Los militares han estado allí desde hace una semana, pero a partir de ayer han avanzado con las medidas de control, añadió López.
Por lo antes descrito este lunes las comunidades afectadas denunciaron ante el CONADEH, OACNUDH, ACNUR, Organismos de DDHH, la feroz militarización de la zona, según una denuncia pública emitida este día.
El Estado de Honduras está llevando a cabo una feroz militarización en el Municipio de Tocoa, con particular interés en la comunidad de Guapinol, señala el escrito.
Están bajando a la gente de los buses y vehículos pequeños. Se esta realizando una minuciosa revisión de equipos y documentos, intimidan. También hay un ferreo control de la movilidad de las personas, establece el documento.
Gobierno creo el conflicto
Asimismo, señala que el gobierno creo un conflicto en el Municipio al entregar seis proyectos mineros en la zona protegida y productora de agua. Asimismo, ha violentado el derecho humano al agua.
Se está amenazando y agrediendo a toda la población con la intervención militar a las comunidades que defienden su derecho, agrega la denuncia.
Están violentados los derechos al agua, al territorio, a la libre circulación, a la protesta, entre otros. Solicitamos a los organismos de Derechos Humanos del Estado Hondureño y Naciones Unidas en el país, poner todo el interés necesario ante las violaciones a los derechos de las comunidades.
La amenaza, intimidación, control, tortura psicológica. También la destrucción de los Bienes comunes son actos abominables y despreciables del gobierno ilegitimo ante la vida de la comunidad de Guapinol y el Municipio de Tocoa, dice el documento.
Entre el grupo de manifestantes se encuentran 18 personas con orden de captura. Estos son acusados por los delitos de Usurpación, Daños a la empresa minera y al Estado.
Mientras que los afectados señalan que los estan acusando injustamente. Argumentan que solo participaban en un proceso de Defensa del aguan en un campamento en calle pública.
Sobre el conflicto
El campamento por la vida se instaló el 1 de agosto en las afueras de las instalaciones de Inversiones Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, donde se mantuvo por 90 días.
El 10 de septiembre se dio el primer enfrentamiento armado. Antes ya se habían recibido amenazas por parte de la guardia privada de la minera.
Pobladores de al menos 24 comunidades afectadas por la contaminación causada por la explotación minera en la zona se han mantenido en pie de lucha desde el primer día.
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Luego el 28 de septiembre recibieron la primera orden de desalojo del campamento por parte de las autoridades. Misma que no se logró concretar.
Recientemente, el sábado 27 de septiembre finalmente desalojaron el campamento. Luego el lunes 29 los manifestantes se tomaron un tramo de la carretera CA-13 que conduce hacia Guapinol. Ese día fueron desalojados por autoridades, policiales y militares.
Ejército se toma Tocoa
Durante este último desalojo perdieron la vida dos militares y un civil. Además resultaron heridos al menos ocho civiles y otros seis con raspones y heridas leves.
Es de mencionar que desde ese día hay presencia militar en la zona. Hasta donde se desplazaron 1,000 efectivos. De los cuales 700 son militares y 300 de la policía nacional, para realizar operativos de desarme y hacer cumplir la ley de desarme general vigente desde 2012.
Asimismo, se realizan los trabajos de investigación para dar con los responsables de los asesinatos.
