LA CEIBA, ATLANTIDA. Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) serán los encargados de verificar la sentencia emitida por los magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba en el caso de la Demanda de Amparo contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Como se recordará, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos promovió la Demanda de Amparo en contra de la ENEE, a mediados del mes de mayo del presente año 2016.
El propósito era que se procediera a reintegrar los derechos conculcados a los habitantes de cinco colonias afectadas por la contaminación sónica y ambiental que produce una planta térmica que genera 20 megavatios de electricidad.
En la resolución emitida recientemente, la Corte de Primera de Apelaciones sostiene que “no tiene razón de ser”, porque antes se debió agotar la vía administrativa, razón por la cual la Corte sobresee dicho Amparo.
El fallo añade que “es necesario agotar la vía administrativa que es demandar al Estado”. Esta resolución será verificada por la Corte Suprema de Justicia.
Desde el pasado 15 de octubre del 2015, los representantes del patronato de la colonia Bosques del Altiplano denunciaron ante el Ministerio Público (MP) a la empresa Laeisz por daños contra el ambiente.
Posteriormente, la Fiscalía efectuó las diligencias respectivas, incluyendo la elaboración de un dictamen técnico ambiental y se solicitaron, mediante oficios, las referidas licencias ambientales y permisos de operación, los que hasta la fecha no han sido presentados.
La Fiscalía considera, tras las evaluaciones y la investigación, que la instalación del proyecto en mención, que produce 20 megavatios de electricidad térmica, pone en grave peligro la salud de los habitantes de las colonias aledañas al plantel donde opera, porque la contaminación sónica produce decibeles que exceden los límites y directrices de los niveles de tolerancia establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los vecinos de las colonias aledañas al proyecto, manifiestan que debido al funcionamiento de dicha planta térmica, el ruido es incómodo, ya no tienen paz en su vida cotidiana, no pueden respirar oxígeno puro sino contaminado, y que muchos de los niños presentan problemas en oídos y vías respiratorias.
Otra de las situaciones que el Ministerio Público, junto a la Unidad Ambiental Municipal (UMA) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, lograron corroborar, es el peligro latente que representan cuatro tanques de combustible con capacidad para 20 mil galones cada uno.
Por consiguiente, la Fiscalía continuará, luego de la admisión de la Demanda de Amparo, impulsando las acciones legales correspondientes, en favor de los afectados.
