Tegucigalpa, Honduras. La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó un aplazamiento de la audiencia de información clasificada, programada para el próximo 29 de junio.
La abogada defensora, Sabrina Shroff, afirmó en un escrito dirigido al juez Kevin Castel que no ha podido prepararse para la audiencia de procedimientos de información clasificada (CIPA).
Asimismo, argumentó que ha perdido la «fecha límite impuesta por el Tribunal, el 26 de mayo de 2023, para la presentación de información clasificada de la defensa«.
En ese sentido, «solicito al Tribunal que me permita corregir mi error y considerar establecer un nuevo calendario de sesiones informativas de información clasificada (CIPA) y una nueva fecha de audiencia».
Además, se excusó en la medida que ese retraso afecte la fecha de inicio del juicio. La cual está pactado para iniciar el próximo 18 de septiembre. «Pido disculpas a todos», expresó.
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Fiscalía se niega a respaldar petición
Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York respondió a la solicitud de la defensa del expresidente hondureño y se negó a respaldarla.
Sin embargo, quedará a determinación del juez Kevin Castel elaborar un nuevo calendario, para reprogramar la audiencia de procedimientos de información clasificada.
«En caso de que la Corte acceda a esta solicitud, las partes consultarán y propondrán un calendario para la consideración de la Corte», agregó Shroff.
Bajo la CIPA, la evidencia inculpatoria o exculpatoria se mantendrá protegida y clasificada. Además, los equipos defensores no podrán divulgar ningún tipo de información relacionada con ambos casos.
Acusación contra JOH
Según la acusación de los fiscales, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, traficó al menos 500 toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos (EEUU) en un espacio aproximado de 19 años.
Los cargos imputados son conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Además, de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
El 21 de abril de 2022, las autoridades hondureñas lo entregaron a la justicia de los EEUU.
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