Redacción. El pleno de magistrados de el Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como constitucional la polémica Ley de Amnistía Política, también denominada como “pacto de impunidad”, por sectores opositores al gobierno de turno.
De acuerdo con el informe del Poder Judicial, durante la deliberación del pleno, 10 de 15 magistrados determinaron rechazar los recursos de inconstitucionalidad y determinar la constitucionalidad del decreto.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, detalló que la Sala de lo Penal había interpuesto dos recursos en contra del decreto 04-2022, contentivo de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho.
“La declaración en función de una votación mayoritaria considera que lo aprobado por el Congreso Nacional, en su totalidad, es constitucional. Lo que se declara es sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados”, expuso.
Lea también: Miembros de Copinh exigen justicia por asesinato de Juan López frente a la CSJ
Duarte además aclaró que ya no hay otro recurso que interponer ante la determinación del plano de magistrados, ya que esta fue la última instancia.
¿En qué consiste la amnistía política?
La Ley de Amnistía Política se aprobó el 3 de febrero de 2022 y desde entonces ha sido cuestionada por muchos sectores de Honduras.
Esta normativa otorga el beneficio de absolución de acción penal contra «presos y perseguidos políticos», quienes estuvieron en contra del régimen de facto que se apropió del poder durante el golpe de Estado en el 2009.
De igual manera, aquellos personajes que se desempeñaron como funcionarios y empleados durante la administración de José Manuel Zelaya (2006 a 2009) pueden optar por este beneficio.
La amnistía además incluye a personas que fueron “víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado. Asimismo, por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”, añade el decreto.
Sin embargo, otros sectores la califican como un “blindaje” para exfuncionarios que cometieron delitos ajenos a los puntos antes desarrollados.
Exfuncionarios como Enrique Flores Lanza (exministro de Finanzas), Marcelo Chimirri (exgerente de Hondutel) y César Arnulfo Salgado (extitular del FHIS), acusados por delitos como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, fueron beneficiados por la amnistía política.
Votación
En beneficio de la transparencia, el Poder Judicial determinó hacer pública la votación de los magistrados, la cual quedó de la siguiente manera.
- Rebeca Ráquel Obando, (Partido Libre) votó a favor
- Roy Pineda (Partido Libre) votó a favor
- Mario Díaz (Partido Libre) votó a favor
- Rubenia Galeano (Partido Libre) votó a favor
- Nelson Mairena (Partido Liberal) votó a favor
- Odalis Nájera (Partido Liberal) votó a favor
- José Ricardo Pineda (Partido Libre) votó a favor
- Felipe Esper (Partido Liberal) votó a favor
- Aida Patricia Romero (Partido Libre) votó a favor
- Roxana Morales (Partido Liberal) votó a favor
Votaron en contra
- Anny Ochoa (Partido Nacional ) en contra
- Gaudi Bustillo (Partido Nacional) en contra
- Walter Miranda (Partido Nacional) en contra
- Luis Discua (Partido Nacional) en contra
- Marvin Espinal Pinel (Partido Nacional) en contra
Cabe destacar que la declaración de constitucionalidad dificultará la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), ya que la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió la eliminación del decreto.