Tegucigalpa. La nueva medida anunciada por el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, de investigar empresas de seguridad privada por estar ligadas al crimen organizado, fue cuestionada por tratarse de un sector regulado por el mismo ente estatal.
Días atrás, Sánchez sostuvo que están investigando las empresas de seguridad privada por brindar servicios a estructuras criminales.
“Conforman empresas de seguridad privada, totalmente licita, con testaferro, profesionales del derecho y toda una estructura montada, pero en la práctica las armas son portadas por personas que son supuestos miembros, pero brindan seguridad a algunas estructuras criminales”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.
Sánchez comentó que una de las estrategias del crimen organizado es conformar empresas de seguridad privada con el objetivo de portar armas de manera legal en el país.
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El diputado por el Partido Liberal, Yuri Sabas, criticó que la ley los obliga a regular las empresas de seguridad privada y no lo están haciendo.
“Está fallando el ente encargado de regular las empresas de seguridad. (Gustavo Sánchez) da a entender que no hay control. Debe pedir un informe y darse cuenta de cómo están las empresas de seguridad”, manifestó.
Sabas cuestionó “¿qué han estado haciendo?, la Policía tiene una institución dentro que cobra un montón de dinero para regular las empresas de seguridad”.
Reglamento interno
Sobre el tema, el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, manifestó que no existe un descontrol dentro de la institución policial, pero se requiere un reglamento interno para conocer a qué empresa le van a dar permisos de armas.
“Hay una unidad de control de empresas de seguridad, no es una cosa descontrolada que no saben cuántas empresas hay, sí hay un control. Pasan registro mensual y pagan un canon por cada guardia de seguridad, tanto las personas que tienen armas de fuego registradas como las que laboran”, indicó.
Agregó que “hay que ser, de repente en sus reglamentos internos, más precisos para saber a qué empresas les van a dar portación de armas. (Para) así tener la seguridad que le están dando a empresas de personas honradas y que no las usan de fachada para actos delictivos”.
De momento, el ministro de Seguridad no ha ofrecido públicamente resultados de la investigación contra las empresas de seguridad.
