Tegucigalpa, Honduras.– Con el paso de los días se van destapando nuevas inconsistencias en los fondos gestionados por el diputado Fabricio Sandoval y su suplente Néstor Josué Yanes Orellana, por lo que diferentes sectores exigen que haya una investigación.
Y es que Sandoval ha hecho la gestión y ejecución de alrededor de L11,726,162.75 a través de Sedesol y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), y L15,644,975.13 mediante el FHIS, para financiar 22 proyectos.
Por su parte, Néstor Josué Yanes Orellana, diputado suplente de Sandoval, realizó las mismas acciones mediante las mismas dependencias. Él gestionó 8,208,035.08 lempiras para al menos 21 proyectos. Ambos congresistas han sido cuestionados por el incumplimiento de las obras y el aprovechamiento de las mismas para realizar campaña electoral.
Ligados
Estos fondos utilizados por Sandoval y su suplente están ligados al escándalo de corrupción conocido como «Sedesolazo», que involucró a la diputada Isis Cuellar, junto al exministro José Carlos Cardona. La gestión fue realizada a través de Sedesol y corresponden al Fondo Social. Ante esta acción irregular, la cúpula de Libre suspendió a la congresista, mientras que autoridades gubernamentales destituyeron a Cardona.
La Secretaría de Transparencia emitió un informe del caso «Sedesolazo», donde señaló que tras un análisis técnico encontraron que hubo deficiencias relevantes en la información presentada, la emisión de cheques, el control interno, la ejecución y liquidación del gasto, y en general en la gestión administrativa y financiera del fondo
El Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no han abierto una línea de investigación del caso en la zona sur, según lo confirmó Diario TIEMPO. No obstante, un medio de comunicación reveló la sobrevaloración de equipo en otra dependencia y en menos de una semana actuaron de oficio, pero por el caso Sandoval no ha habido acción.
Obras
Víctor Flores, exalcalde de Nacaome, afirmó que los fondos fueron canalizados a través de la Agencia para el Desarrollo Económico Departamental de Valle (ADED-Valle) sin claridad sobre su ejecución.
En particular, mencionó la perforación de un pozo en la comunidad de Estacones, la cual se reportó como obra realizada con fondos del Congreso, aunque en realidad, afirma, fue construida tiempo atrás por la ONG estadounidense Living Water, con apoyo limitado de la alcaldía.
“El fondo fue liquidado como que lo absorbieron. Lo renglonearon como que fue ejecutado por parte de la subvención del Congreso Nacional. Y es falso”, declaró el exalcalde.
Flores agregó que los pobladores protestaron al enterarse de que su comunidad la utilizaron para justificar una obra que no la financió el Estado.
«Aquí hay toda una opacidad y conviene hacer las investigaciones de rigor para la salud del pueblo hondureño», advirtió el exedil.
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Programados
“Dejamos programada la perforación de pozos en las comunidades de Tierra Morea, El Jícaro y Las Haciendas… Se siente el malestar de la población”, manifestó el exalcalde. A la vez, dijo que, tras una indagación, conocieron que el proyecto de la construcción de letrinas en San Juan de Guarumas no se ejecutó en su totalidad y solo se entregaron los materiales a la población.
El proyecto de la comunidad de Las Balitas, de 70 metros de construcción de una calle, podría estar sobrevalorado. “Esas cosas generan extrañeza por cómo se cuantifica, pero no corresponde al valor de las obras ejecutadas”, dijo.
Además, Flores sostuvo que otro proyecto abandonado es la construcción de tres kilómetros de concreto hidráulico de la carretera intermunicipal del Jícaro hasta San Francisco de Coray. “Se construye un kilómetro por año, está abandonado”, externó.
“Se requiere una acción inmediata por parte de los organismos contralores del Estado, porque se continúa con esa práctica nefasta de usar los fondos públicos para ganarse votos en el momento de las elecciones”, sostuvo.
Piden acción
El dirigente liberal Octavio Pineda expresó su postura a través de redes sociales, exigiendo que el Ministerio Público actúe con la misma rigurosidad con que investiga a la oposición.
“¡Salieron corregidos y aumentados los socialistas de Prado y gorra! El MP debe investigar de inmediato”, escribió.
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También se pronunció el candidato a diputado por el Partido Nacional, José Luis Argeñal, quien criticó el discurso del diputado Sandoval y exigió una explicación sobre el destino de los recursos. “Vamos a ver si da respuesta de esos 30 millones”, señaló.
Incumplimiento
A través de medios de comunicación y redes sociales han denunciado que Sandoval y su suplente gestionaron obras, pero en algunos casos no las concluyeron y en otros ni siquiera las iniciaron.
Los casos más relevantes incluyen la realización de un pozo de 400 pies de profundidad en la comunidad de Los Estacones, en Nacaome, por 518,400.00 lempiras. Los fondos los canalizados a través de Aded-Valle.
No obstante, el pozo lo había construido una ONG en la administración anterior y los pobladores denunciaron que Sandoval se lo adjudicaba. Además, pobladores lo confrontaron por no haber concluido la obra de un pozo y unas huellas vehiculares en Morocopay, proyecto valorado en 239,990.00 lempiras.
Del suplente
Mientras que su diputado suplente, Néstor Josué Yanes Orellana, fue señalado por un medio de comunicación por no cumplir con la construcción de 60 letrinas. El proyecto estaba programado para San Antonio de las Guarumas, por un monto total de 646,915 lempiras.
Según denunciaron los locales, les pidieron realizar los agujeros en las casas para la construcción de las letrinas. No obstante, los gestores y ejecutores de la obra no regresaron.
También señalan al diputado suplente de Sandoval por la reparación de la Escuela Democracia. Según los locales, les pidieron que dieran la mano de obra, pero el material lo entregaron en fechas cercanas a las elecciones primarias. Era un proyecto en aldea La Montaña, Nacaome, por un monto de 216,000.00 lempiras.
Otro de los proyectos que nunca se ejecutó, según un medio local, es la construcción de 70 metros de huellas vehiculares en la comunidad de Las Posas, municipio de Aramecina.
Autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Ministerio Público no descartaron una línea de investigación por el caso.
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Investigación
El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, afirmó estar preocupado por los casos registrados y pidió que investiguen el uso del Fondo Social.
“Lamentamos que hasta el momento no haya algún tipo de resolución de este hecho penoso de corrupción recientemente revelado sobre estos fondos manejados a través de Sedesol por diputados del Congreso Nacional”, manifestó.
Espinal señaló que el Fondo Social, antes Fondo Departamental, se viene aprobando desde 2006 en el Presupuesto General de la República.
“Son partidas específicas para satisfacer necesidades sociales, pero lamentablemente la realidad es otra. Los diputados han realizado estas actividades para clientelismo político y no se conoce el destino de los fondos”, expresó.
El miembro del ente de sociedad civil señaló que desde hace años están realizando un rastreo del uso y rendición de cuentas del Fondo Social, pero no hay claridad al respecto.
“Es donde queda evidenciado este modo de operar con estos fondos: no solo se inscriben dentro de las partidas del presupuesto. Tenemos fondos de manera discrecional y, de forma arbitraria, se asignan desde el Congreso, como son las subvenciones. El Congreso, en los años que hemos podido documentar, ha manejado más de 530 millones que se han entregado a diputados afines a la línea oficialista. De este proceso no hay liquidaciones ni forma de auditar esos fondos”, concluyó.
