AFP.- La Corte Suprema se mostró dividida este miércoles sobre la posibilidad de que una legislación federal sobre urgencias médicas pueda obligar a practicar abortos de emergencia en Idaho, donde está prácticamente prohibido interrumpir el embarazo.
Este mismo tribunal, dominado por los conservadores, pulverizó en junio de 2022 la garantía federal del derecho al aborto, anulando décadas de jurisprudencia.
El caso de Idaho es importante por sus posibles repercusiones en los hospitales de todo el país. Además, porque el aborto es uno de los temas centrales de la campaña presidencial del 5 de noviembre.
En una señal de que el debate sigue vivo, la Cámara de Representantes de Arizona votó a favor de abolir una ley de 1864. Esta prohíbe la casi totalidad de los abortos.
Hace dos semanas la corte suprema de este estado electoral clave declaró que la ley se podía aplicar.
En cuanto a Idaho, es uno de los estados más estrictos sobre el aborto, autorizado solo en excepciones, como un peligro inminente de muerte para la madre.
Fuera de las excepciones, quien practique un aborto se expone a hasta cinco años de cárcel.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha pedido a los tribunales que bloqueen esta normativa, argumentando que viola una ley federal sobre urgencias médicas, porque no prevé excepciones en caso de «grave peligro para la salud» de la mujer embarazada.
«Situación imposible»
El miércoles, las tres juezas progresistas de la corte, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, abrumaron al representante del estado de Idaho con preguntas. Además, le reprocharon los desgarradores casos de mujeres cuya salud está amenazada, aunque no su vida.
Algunos jueces conservadores se mostraron escépticos ante los argumentos del gobierno.
«¿Cómo se pueden imponer restricciones a lo que Idaho puede penalizar, simplemente porque los hospitales de Idaho han decidido aceptar» fondos federales?», preguntó uno de ellos, Samuel Alito.
Este magistrado considera asimismo que existe una contradicción en la ley federal: por un lado permite los abortos de emergencia, pero por otro contiene el término «niño no nacido», lo que podría interpretarse como que «el hospital debe intentar eliminar cualquier amenaza inmediata para el niño». Es decir, según él, impedir un aborto.
Otros jueces conservadores, como Amy Coney Barrett, tienen sus dudas. Ella por ejemplo dijo estar «escandalizada» por el razonamiento del representante de Idaho, Josh Turner.
La consejera jurídica de la administración del presidente Biden, Elizabeth Prelogar, aseguró que «los médicos y las mujeres de Idaho se encuentran en una situación imposible».
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Manifestaciones
La ley federal, conocida como EMTALA, obliga a los hospitales que aceptan el programa de seguro médico Medicare a prestar atención de urgencia a las personas que la necesiten.
En el caso de Idaho, esta atención no incluye necesariamente el aborto, algo que cuestiona el gobierno federal.
En agosto de 2022, un juez federal de Boise, la capital de Idaho, dictó una medida cautelar que suspendía parte de la ley estatal por considerar que ponía a los médicos en una situación delicada.
Pero en enero la Corte Suprema de Estados Unidos acordó restablecer temporalmente la medida mientras examinaba un recurso.
El miércoles, frente a esta corte en Washington, cientos de manifestantes proabortistas llevaban pancartas que proclamaban «El aborto salva vidas». Les plantaron cara una decena de activistas contrarios al aborto.
