AFP. El esperado consejo presidencial de transición encargado de llenar un vacío institucional en Haití y restaurar el orden quedó finalmente instalado el pasado viernes en el país caribeño, sacudido desde hace semanas por una explosión de violencia.
Un decreto publicado en el diario oficial de Haití «Le Moniteur» anunció la formación del consejo, un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara que dimitiría en medio de una ola de ataques de bandas criminales en la capital Puerto Príncipe.
«El mandato del consejo presidencial de transición finaliza, a más tardar, el 7 de febrero de 2026», reza el decreto. Documento que especifica que sus miembros deben nombrar «rápidamente» un primer ministro y un gobierno «inclusivo».
El consejo aún no está formalmente a cargo del país. Henry «presentará la dimisión de su gobierno tras el nombramiento de un nuevo primer ministro», según el documento.
El anuncio, que se había retrasado durante semanas por disputas políticas, es un paso esperanzador en los esfuerzos por establecer las condiciones para el despliegue de una fuerza policial internacional aprobada por la ONU.
Asimismo, es también un primer paso hacia la celebración de presidenciales a principios de 2026. La última vez que Haití acudió a las urnas fue en 2016 y lleva sin presidente desde el asesinato del mandatario Jovenel Moise en 2021.
«El establecimiento del Consejo de nueve miembros, de base amplia y políticamente inclusivo, señala la posibilidad de un nuevo comienzo para Haití», reaccionó la Comunidad del Caribe (Caricom).
No obstante, aún quedan dudas sobre si el gobierno interino respaldado por Estados Unidos será capaz de imponer su autoridad. Esto sobre las bandas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.
Violencia de pandillas
El empobrecido país caribeño está asolado desde hace décadas por una inestabilidad política crónica, catástrofes naturales y la violencia de las bandas armadas.
Desde finales de febrero, poderosas pandillas haitianas se han unido para lanzar ataques coordinados. Esto contra comisarías, prisiones, el aeropuerto y el puerto marítimo, exigiendo la renuncia de Henry.
Nombrado pocos días antes del asesinato de Moise, a Henry lo cuestionaron y no pudo regresar a su país tras un viaje a Kenia.
El 11 de marzo, el mismo día de una reunión entre haitianos y varias organizaciones y países como Estados Unidos, anunció que dimitiría para dar paso a un consejo presidencial de transición.
Formado por siete miembros con derecho a voto seleccionados entre todo el espectro político de Haití y dos observadores sin derecho a voto. El principal objetivo del consejo de transición es nombrar un nuevo primer ministro y preparar al país para las elecciones.
Este órgano nació tras semanas de difíciles negociaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, intervino e instó a las partes interesadas a dejar de lado sus diferencias.
El poderoso líder pandillero Jimmy «Barbecue» Chérizier, cuya alianza G9 de 1.000 miembros controla partes de Puerto Príncipe, fue uno de los excluidos del nuevo gobierno. Esto debido a las condiciones que prohíben participar a quienes se enfrentan a sanciones de la ONU.
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«Prisión a cielo abierto»
La nueva autoridad también se enfrenta al reto inmediato de ayudar a los haitianos de a pie a escapar de la aplastante pobreza, agravada por la inseguridad.
Gédéon Jean, director de la ONG Centro de análisis e investigación de los derechos humanos, consideró que la creación de este órgano «es un paso importante», pero advirtió que «esta etapa no es un fin en sí mismo».
«Habrá que crear las condiciones de seguridad necesarias para que el consejo pueda trabajar y sobre todo para proteger a la población, que es la prioridad».
«Sin el restablecimiento de la seguridad, los miembros del consejo no podrán ejercer sus funciones», insistió.
Según Naciones Unidas, de una población de unos 11,6 millones de habitantes, unos 360.000 haitianos son desplazados internos. Ciudadanos que han huido de la violencia de las pandillas.
Puerto Príncipe es «una prisión a cielo abierto, una ciudad completamente aislada» en un país donde «ya no hay gobierno, no hay Estado», ha explicado a la AFP Sarah Chateau, responsable del programa Haití para Médicos Sin Fronteras (MSF).
Los tres millones de habitantes de Puerto Príncipe y su periferia están «atrapados», «con disparos permanentemente», según Chateau.
Cerca de cinco millones de personas, casi la mitad de la población, están en situación de «inseguridad alimentaria aguda», de acuerdo con expertos de la ONU.
Con el aeropuerto y el puerto paralizados por el acoso de las pandillas, los haitianos deben lidiar con una escasez de comida. Además de la carencia de medicamentos y otros productos básicos.
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