REDACCIÓN. Una nueva ley aprobada por unanimidad este martes en la Asamblea Nacional de Nicaragua ha encendido las alarmas dentro y fuera del país. Se trata de la controvertida Ley de Territorio Fronterizo, que declara como propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales, lo que representa una medida sin precedentes que analistas, opositores y juristas califican como una “confiscación masiva”.
Con esta legislación, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apodera de más de 18,000 kilómetros cuadrados de territorio, una extensión similar al tamaño de El Salvador. Esta franja incluye viviendas, fincas, pueblos enteros, playas y hasta zonas protegidas, afectando tanto a pequeños propietarios como a influyentes empresarios.
Entre los afectados se encuentran figuras como Carlos Pellas y Ramiro Ortiz Gurdián, dos de los empresarios más poderosos del país. Según el opositor Juan Sebastián Chamorro, sus propiedades fueron traspasadas automáticamente al Estado, sin derecho a reclamo ni compensación. “De un plumazo, les quitaron todo”, denunció Chamorro en entrevista con 100% Noticias.
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El futuro de estas tierras sigue siendo incierto. Chamorro advirtió que el régimen podría subastarlas, entregarlas a leales políticos o incluso alquilárselas forzosamente a sus antiguos dueños. Esto abriría las puertas a una serie de abusos y corrupción. Mientras tanto, el Ejército de Nicaragua asumirá el control y vigilancia de toda la franja, lo que confirma el giro hacia una mayor militarización del país.
A juicio de Chamorro, esta ley responde a una paranoia del régimen, que teme supuestas invasiones o conspiraciones externas. “No hay ninguna amenaza real en las fronteras. Lo que Ortega busca es mayor control territorial y social, utilizando al ejército como instrumento de represión”, alertó.
