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lunes, octubre 7, 2024

Nicaragua castigará con prisión publicaciones de opositores en redes sociales

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Internacional. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una nueva ley que impone penas de hasta cinco años de prisión por publicaciones en redes sociales contra el gobierno de Daniel Ortega.

La reciente legislación impone sanciones de prisión y multas a quienes, tanto dentro como fuera del país, publiquen en redes sociales contenidos que generen «alarma, temor, pánico o zozobra» entre la población, anunció en un comunicado el parlamento, que está bajo el control del gobierno de Ortega.

Nueva ley de Nicaragua contra las oenegés

El mes pasado el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 1,500 ONG, en su mayoría de carácter religioso, según una resolución oficial. Este es el mayor cierre de organizaciones llevado a cabo por el presidente Daniel Ortega desde las protestas que enfrentó en 2018.

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Nicaragua castigará con prisión publicaciones de opositores en redes sociales
Cuestionar a Daniel Ortega en las redes sociales podría llevar a la cárcel a cualquier nicaragüense.

Después de las protestas, que resultaron en más de 300 muertes, según informes de la ONU, Nicaragua implementó leyes restrictivas sobre asociaciones civiles. Estas medidas han sido una respuesta a la crisis que sacudió el país durante esos meses turbulentos.

Entre las entidades afectadas se encuentran no sólo organizaciones religiosas, sino también sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, gremios de pequeños comerciantes, agrupaciones rurales y de jubilados. La disolución también incluyó a la Cruz Roja Nicaragüense.

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Fotografía de archivo de protestas en contra del régimen de Daniel Ortega.

Asimismo, el régimen nicaragüense clausuró organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80. E implementó una normativa controvertida que exige a las ONG operar exclusivamente en «alianzas de asociación» con entidades gubernamentales.

También implementó un «nuevo modelo de operatividad» que elimina la autonomía de los proyectos de sus opositores y busca ejercer control sobre los recursos que estos manejan, de acuerdo con analistas.

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