AFP. Un tribunal de Guatemala sentenció este lunes a cinco años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, acusada de revelar información confidencial, en una causa criticada por la comunidad internacional.
Laparra, de 44 años, ha recibido su segunda condena. El 16 de diciembre de 2022, un tribunal la sentenció a cuatro años de prisión en otro juicio polémico. La acusaron de denunciar a un juez sin tener atribuciones para hacerlo.
“Por la comisión de este delito penal se le impone la pena de cinco años de prisión con carácter conmutable”, dijo al leer el fallo el juez Moisés de León, del tribunal de Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.
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Laparra, quien ha estado bajo arresto domiciliario desde el 4 de enero después de pasar dos años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la ciudad de Quetzaltenango cuando las autoridades la arrestaron en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían manejado casos destacados de corrupción.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de operadores de justicia, entre ellos Laparra, y otros que han salido al exilio.
Además, Amnistía Internacional considera que Laparra es una “presa de conciencia” y asegura que las autoridades la detuvieron y procesaron por su labor antimafia.
Sanciones
El juez De León afirmó que durante el juicio, iniciado el 27 de mayo, se estableció que Laparra “es responsable del delito de revelación de información reservada en el grado de autoridad cometido en contra de la administración pública y la administración de justicia”.
A la exfiscal también se le impuso una multa de unos 6,400 dólares y quedó incapacitada para optar a cargos públicos por 10 años.
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Además, De León explicó que Laparra puede continuar con prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena (1,168 dólares por los cinco años).
El presidente Bernardo Arévalo, en el poder desde enero, ha tratado de conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. La cuestionada fiscal general tiene mandato hasta 2026.
