Redacción. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la condena de 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, exgerente ambiental y social de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por su papel en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016.
El tribunal modificó su rol en el crimen, cambiando su grado de participación de «coautor» a «inductor» del asesinato, en una votación de 11 votos a favor y 4 en contra, según informó el Poder Judicial.
En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal ratificó las condenas de siete de los ocho sentenciados como autores materiales del crimen.
El caso de Rodríguez provocó debate en el sistema judicial y la opinión pública. Denuncias señalaron una campaña de desinformación que intentó manipular la percepción del proceso.
A mediados de 2024, circularon versiones erróneas sobre una supuesta admisión de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación con presuntas violaciones de derechos contra el acusado.
Sin embargo, la entidad que realmente admitió una petición en 2018 fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo no jurisdiccional encargado de analizar denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
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Reacciones y exigencia de justicia
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) celebró la decisión de la CSJ, calificándola como un «triunfo popular». Además, enfatizó la responsabilidad de Rodríguez en el asesinato de Cáceres.
«Después de más de seis años de espera, la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena de 30 años contra Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Ratificando que es culpable del asesinato agravado de nuestra hermana Berta Cáceres», declaró la organización.
El COPINH insistió en que los autores intelectuales del crimen sean llevados ante la justicia. Recordó que Berta Cáceres lideró la oposición lenca contra el proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, considerado sagrado por las comunidades indígenas.
