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miércoles, diciembre 18, 2024

Comisionado presenta recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE

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Tegucigalpa, Honduras. El comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Fernando García, presentó este miércoles ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de expulsar de la normativa jurídica nacional la figura de las ZEDE.

García explicó que este recurso atacará el fondo y la forma que incorporó la «aberrante» figura de las ZEDES en el texto de la Constitución de la República, violentando el procedimiento legislativo.

Al mismo tiempo, lamentó que en la administración pasada se haya intentado trastocar artículos relacionados a la forma de gobierno en el territorio, cediendo la soberanía.

Fernando García
Comisionado Presidencial contra las ZEDE, Fernando García.

Aunque en el Congreso Nacional un grupo de diputados alega que dichas figuras ya se derogaron, otro sector público cuestiona que no se ha consumado el hecho.

Se derogó todo lo que es la legislación secundaria -desde abril de 2022-. Es decir, la Ley Orgánica de las ZEDE y el programa de promoción de la misma”, dijo.

Asimismo, comentó que se eliminó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas y dos decretos legislativos relacionados con el Impuesto Sobre Venta (ISV), las cuales trastocaban la normativa de una forma irregular.

Lo que queremos es que se expulse totalmente de la normativa jurídica esa aberrante figura”, subrayó en declaraciones a esta casa de radio.

Derogación

El 20 de abril de 2022, el Congreso de Honduras derogó por unanimidad de los 128 diputados la Ley Orgánica de la ZEDE. Está vigente desde septiembre de 2013.

En cuanto al periodo de respuesta de la Sala Constitucional, el designado de las ZEDE considera que seguramente se tomarán el tiempo estrictamente necesario. Además, comentó que parte del sector inversionista se rehúsa a acogerse a las leyes de la República.

zedes honduras
Las ZEDES son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial”. En ellas, los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad, entre otras competencias.

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