AFP. El nuevo comisionado para los Derechos Humanos de El Salvador, el abogado colombiano Andrés Guzmán, defendió este viernes las «medidas extremas» que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, que redujeron los homicidios pero están en la mira de organismos humanitarios.
Guzmán fue designado el miércoles por el mandatario salvadoreño, quien lidera una cruzada para llevar a la cárcel a pandilleros en medio de un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
«Hay un estado de excepción y los estados de excepción requieren medidas excepcionales», dijo Guzmán a la emisora colombiana Blu Radio.
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Cuestionado sobre las imágenes de cientos de presos hacinados en prisión, Guzmán agregó: «En todas las guerras normalmente en el mundo hay muertos de un lado y del otro, esta es una guerra en donde se pudo controlar un fenómeno social con un estado de excepción«.
«No hay un país en donde haya existido una guerra como la que existía en El Salvador. En un proceso como este se requieren medidas extremas», agregó.
Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos cuestionan el régimen excepcional vigente desde mayo de 2022 por pedido del ejecutivo.
Graves violaciones
La ONG Human Rights Watch ha advertido en múltiples ocasiones sobre graves violaciones como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
La policía ha podido arrestar al menos 68 mil presuntos pandilleros informó el Ministerio de Justicia y Seguridad.
«Hay muchas personas acá que no conocen el barrio de al lado porque tenían miedo de salir de su casa (…) todo eso pasó», señaló Guzmán.
Pese a las críticas internacionales y de la Iglesia Católica, nueve de cada diez salvadoreños apoyan las acciones del gobierno contra las pandillas, según encuestas.
El Salvador pasó de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 homicidios en 2022, de acuerdo con cifras oficiales.
Guzmán también es especialista en temas de tecnología y comunicación. Este viernes fue cuestionado sobre presuntas persecuciones a medios como El Faro, cuya estructura administrativa se trasladó el 13 de abril a Costa Rica por «ataques a la libertad de prensa» en El Salvador.
«No existe ninguna norma que impida la difusión de la información. No se ha suspendido ni se ha privado la libertad de ningún periodista», aseguró en W Radio.
