Hasta ahora la comisión multipartidaria nombrada por el presidente del congreso nacional para indagar sobre la liquidación forzada del Banco Continental y la incautación de los bienes de la Familia Rosenthal no ha dado ninguna información al pleno legislativo de su cometido.
Esta comisión legislativa, presidida por Marlon Lara (PL), da la impresión de haber sido creada para taparle el ojo al macho, igual a la nombrada para husmear sobre el escandaloso desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el no menos perverso caso en Salud Pública de Astropharma.
Por lo explicado oficialmente, la referida comisión legislativa no goza de funciones de investigación sobre la infortunada actuación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ni acerca del despojo del patrimonio privado perpetrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Por lo mismo, su misión carece de formalidad.
Sin embargo, como se trata de una actuación gubernamental que ha resquebrajado los cimientos del sistema financiero en Honduras, al grado de desplomar la economía nacional, de provocar la ruina de centenares de empresas (grandes, medianas y pequeñas) y la desgracia de miles de familias en todo el país, esa comisión legislativa tiene el deber de responder, a como haya lugar, a los imperativos del interés público.
Empero, no parece estar actuando así, con la necesaria entereza e integridad política que la situación obliga. Por el contrario, deja la sensación de que prefiere dar largas sin entrar al meollo del problema, que, entre otras medidas, requiere de iniciativas para la urgente reforma –si no es que la derogación– de la Ley de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos, claramente inconstitucional, y que es el instrumento creado para la abusiva incautación de la propiedad privada, al margen de la legalidad y de la seguridad jurídica.
El desarrollo de la crisis económica y financiera causada por la CNBS y la OABI, en seguimiento del ucase (dictado) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de américa (OFAC) y la Ley Kinping, va configurando sus efectos sin misericordia, destruyendo el andamiaje empresarial pero también lo poco que queda del Estado, la Nación y la Sociedad de Honduras.
Ante el entreguismo y la incapacidad del Ejecutivo, que ha abrogado el equilibrio del poder constitucional, el congreso nacional está en la disyuntiva de ser o no ser. Una disyuntiva inevitable con proyección definitiva sobre el sistema político, la existencia de los partidos, la vigencia de la sociedad civil y, vale decirlo, sobre la seguridad nacional. La comisión legislativa de marras debe tener conciencia de este desafío y actuar responsablemente por encima de los designios y los compromisos de logia o particulares.
Tiene el congreso nacional a la mano la lista de 36 preguntas que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) propone para encontrarle sentido y dar respuesta a la debacle planteada en lo jurídico, lo político, lo económico, lo social y cultural. Una situación radical en que se juega, sin exageración, el destino de Honduras.
