San Pedro Sula. Una comisión integrada por seis diputados analizará el caso de la concesionaria Sulambiente, empresa que exige el desorbitado pago de unos 800 millones de lempiras por concepto de «mayores costos» a la Municipalidad de San Pedro Sula.
Según una fuente de entero crédito en la municipalidad, en los próximos días los parlamentarios de distintos partidos políticos llegarán a la alcaldía para conocer más detalles respecto al caso.
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En tal sentido, se espera que los congresistas se reúnan con las autoridades de la alcaldía y representantes de la concesionaria, para ahondar en las cláusulas del contrato suscrito entre ambas partes.
En torno al caso, los representantes legales de la Municipalidad presentaron una impugnación al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que favorece a Sulambiente.
Asimismo, en febrero del presente año, a través de un informe investigativo redactado por el departamento de auditorías municipales, el TSC envió dicho documento a la Corporación Municipal.
El ente contralor recomendó entonces el pago de los 800 millones de lempiras exigidos por Sulambiente, algo que pondría en precario la ejecución de importantes obras para beneficio de los sampedranos.
Preocupación por el informe
En ese contexto, el alcalde Roberto Contreras, acompañado de representantes legales de la municipalidad, impugnó dicho informe del TSC, por considerar que afectaría las finanzas municipales, lamentando que el pago obligado conllevaría a no poder ejecutar obras de infraestructura en la ciudad.
«La figura del pago de ‘mayores’ costos solamente se aplica a contratos de obras públicas, pero no en la prestación de un servicio que se le brinda a los sampedranos», dijo en su momento Contreras.
El edil, sin embargo, exigió el cumplimiento del contrato que tiene 41 cláusulas, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional (CN), y publicado en el diario oficial La Gaceta hace más de seis años, cuando Sulambiente inició operaciones en San Pedro Sula.
No obstante, exigió a Sulambiente la devolución de unos 317 millones de lempiras que la anterior administración de Armando Calidonio habría pagado indebidamente a la concesionaria.
