Redacción. La creación de la Comisión de Seguridad Agraria genera esperanza en sectores como el agrario y el de la empresa privada, desde donde indican que, de aplicarse correctamente las medidas propuestas se beneficiaría el empleo y la inversión nacional y extranjera, siempre y cuando se superen los obstáculos en el camino.
El martes 6 de junio, mediante una cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro instituyó un equipo de trabajo que se encargará de solventar la crisis derivada de la invasión de miles de manzanas de tierras en todo el país.
A pesar de haber tenido una respuesta mayormente positiva, algunas voces manifiestan que uno de los retos más importantes que la Comisión debe superar es la reforma del marco jurídico existente. El sector campesino manifiesta que las leyes actuales no han hecho más que socavar esta crisis.
Diario Tiempo contactó a los representantes más importantes del sistema agrario y de la empresa privada del país para conocer sus posturas sobre las reformas anunciadas y qué beneficios podría traer su correcta implementación.
Beneficios
Olvin Mondragón, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indicó que uno de los impactos positivos que tendrán las medidas que implementará la comisión es la generación de empleo.
También sostiene que las medidas vendrán a fortalecer un «clima de inversión favorable», además «se va a proteger la inversión nacional y la inversión extranjera».
Por su parte, Guillermo Ramon Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), secundó la idea de que estas medidas ayudarán a la inversión.
«Cuando usted le ofrece a la inversión garantía de la tenencia de la tierra, esto estimula que haya empresas interesas en venir a invertir», explicó. En definitiva, Cerritos admitió que «como Fenagh, estamos viendo como buenos ojos el anuncio que ella (la presidenta) hizo».
Recomendaciones al Gobierno
El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Fúnez, detalló que la creación de la comisión es una oportunidad para atacar el problema «como gobierno o como Estado, no como INA, porque este es un problema estructural de conflictividad agraria», detalló.
Fúnez aseguró que se deben atacar principalmente dos bloques de conflicto. El primero es establecer orden este sector. «El primer bloque es que los propietario de tierra, los productores nacionales, todo mundo está pidiendo orden en el agro. Que las tomas de tierra no proliferen y más cuando se hacen encima de la estructura productiva nacional», explicó.
En este sentido, el ministro del INA detalló que esta comisión deberá buscar brindar seguridad jurídica, seguridad de tenencia de la tierra, fomento de la inversión, fomento de la producción. «La injusticia que ha transitado el país con un marco jurídico que no permite desde hace 30 años acceso a la tierra al campesinado», explicó.
Por otro lado, Guillermo Cerritos explicó que se debe trabajar con las leyes actuales y emplearlas de manera apropiada. «Más que pensar en reformas, deberíamos de trabajar con las leyes actuales. La falla no ha estado en las leyes, sino en la falta de operatividad de las mismas y el cumplimento de las mismas», indicó.
De igual manera, el representante de Fenagh expresó que las instituciones involucradas deben trabajar de manera coordinada. Detalló que «lo que ha faltado es coordinación entre las instituciones. Trabajar en un solo rumbo, en una sola dirección, tanto garantizar el acceso a la tierra como garantizar la propiedad privada. Ambas son importantes».
Marco jurídico y mora agraria
Fúnez pidió que se respetara la propiedad privada de manera justa y equitativa al aplicar las medidas. Además, agregó que es necesario solucionar la mora agraria que se registra en el país.
«Creen ese marco jurídico capaz de pacificar el campo y cumplamos con la mora agraria que está rezagada», manifestó. El representante del INA opinó que se debe de leer bien el mensaje que mandó Castro sobre el tema.
«También debe de leerse entre líneas lo que dijo la presidenta, que las leyes van a castigar la ociosidad, pero que hagan un manto sagrado la protección a la estructura de producción nacional», indicó.
Del mismo modo, Fúnez explicó que se podrá asegurar la tenencia de tierras si se acaba con la mora agraria. En este sentido, Fúnez manifestó que se deben asegurar los títulos de los dueños que están en el limbo en este momento. «Nosotros tenemos una mora acumulada de 1,100 expedientes», sostuvo.
Campesinos ven con recelo reformas sugeridas
Por su parte, el representante del sector campesino, Yony Rivas, se expresó en sintonía con el discurso de Fúnez. Rivas aseguró que la situación mejorará cuando la justicia se apegue a un mejor marco jurídico.
«Todo va a depender de cómo los integrantes de esta comisión asimilen el concepto de justicia. Si van a aplicar el tema de la justicia apegada al marco jurídico que nos han unidos a la pobreza y la miseria en el país, eso no es justicia«, expresó.
De igual manera, Rivas manifestó que no toda ley representa justicia social, principalmente en esta área. Explicó que «la justicia debería ponerse precisamente en la balanza. Cada uno de los predios que están recuperados por empresas campesinas».
Desalojos
Rivas detalló que las órdenes de desalojos no son la mejor medida, pues antes se debe verificar la tenencia de las tierras. «Creemos que las órdenes de desalojo que se emiten en este país, realmente responden a intereses y no a una aplicación de justicia», afirmó el representante campesino.
De igual manera, el representante del sector agrario explicó que debe haber un filtro para realizar estas acciones por parte la comisión. «Muchas de estas órdenes no comprueban la legalidad de la tierra. Deberá haber un filtro en esa comisión de justicia que revise cada una de las ordenes de desalojo», sostuvo.
Rivas también admitió que es necesaria una reforma agraria debido a los niveles de pobreza que genera la falta de tenencia de tierras. «Es urgente un verdadero proceso de reforma agraria. Los niveles de pobreza son enormes y es producto de quitarle esos derechos a la población», concluyó.
Departamentos más afectados por las invasiones
- Francisco Morazán
- Santa Barbara
- Copán
- Yoro
- Cortés
- Atlántida
- Colón
- Choluteca
Los departamentos de Colón y Atlántida son los más afectados. Esto, porque estos son los sectores de producción de palma africana y caña de azúcar. Según las cifras de Cohep, aproximadamente 34,400 manzanas han sido invadidas en el departamento de Colón y Atlántida.