TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de realizar un análisis jurídico y comparativo con expertos en Derecho Penal, varias organizaciones de la Sociedad Civil, encabezadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), encontraron al menos 20 debilidades en el nuevo Código Penal que se publicó en «La Gaceta» semanas atrás.
Ante los hallazgos, las organizaciones exigieron este martes al Congreso Nacional la abrogación de la normativa. Asimismo demandaron la creación de disposiciones que sí promuevan el combate a la comisión de los delitos.
Cabe señalar que el pronunciamiento lo respaldaron la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC), la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECÁMARA), Pastoral Cáritas de Honduras y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
También, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), C-Libre, Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (CIPRODEN), entre otros.
El director ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero, señaló que se debe renovar el contrato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
De esa manera, la misión apoyará a las instituciones en investigaciones y judicializaciones de delitos que provengan de actos de corrupción.
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Nuevo Código Penal debilita lucha contra la corrupción y la impunidad
En el caso del nuevo Código Penal, los miembros de Sociedad Civil consideran que es una normativa que debilita la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
A su juicio, la normativa reduce penas para delitos contra la administración pública y atenta contra la libertad de expresión y libre prensa.
Aseguran que con el nuevo Código Penal, las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas por delitos como fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otros, podrán gozar de beneficios alternos a la privación de libertad.
Por lo que, consideraron que los congresistas crearon un Código Penal que vendrá a generar mayor impunidad en los delitos de cuello blanco; muy recurrentes en nuestro país.
A efecto de ello, urgieron a las autoridades legislativas que socialicen nuevamente dicha normativa y que se redacte un nuevo Código Penal.
No es el mismo discutido
Respecto al tema, Gabriela Castellanos, directora del CNA, afirmó que el nuevo Código Penal que se publicó en el diario «La Gaceta» el pasado 10 de mayo es diferente al que se promulgó entre 2015-2016.
Señaló que en el inciso número 3 del artículo 9 de esa normativa resulta un artilugio (engaño) jurídico. Lo anterior, debido a que las personas que cometan delitos transnacionales como tráfico ilícito de estupefacientes evitarán ser extraditados.
“Con ello se busca que dichas personas se sometan a la débil e inoperante justicia hondureña y eviten penas aplicadas en cortes de otros países”, cuestionó.
Castellanos explicó que el artículo 28 del nuevo Código Penal consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión dirigido a la labor que realizan los periodistas y directores de medios de comunicación.
También calificó como transgresión a la seguridad jurídica de las empresas lo establecido en el artículo 102 del nuevo marco legal.
Expuso que esa disposición establece que las personas jurídicas serán imputadas por delitos dolosos cuando sean cometidos por sus representantes legales y administradores de las mismas. Lo cual sería una contradicción al principio de responsabilidad subjetiva.
La representante del CNA indicó que las personas jurídicas no tienen capacidad de dolo. O sea, voluntad de cometer un hecho delictivo.
Periodos cortos de tiempo
Igualmente, la abogada anticorrupción mencionó que “con el objeto de generar mayor impunidad”, el nuevo Código Penal establece en el artículo 109 periodos de tiempo sumamente cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba.
Cabe señalar que prescribir, en lenguaje técnico–jurídicom significa “dejar de tener efecto legal”. En ese contexto dijo que esto provocará que quienes malversen fondos públicos o lesionen el bien jurídico de la administración pública nunca serán sometidos a la justicia.
Sobre la responsabilidad solidaria y subsidiaria consignada en los artículos 125 y 126, respectivamente, Castellanos dijo que se convierten en figuras que desnaturalizan el principio de personalidad en la responsabilidad penal.
A partir de la vigencia del decreto, se sancionará civilmente a personas que no cometan un delito por el solo hecho de tener vínculos de parentesco o jurídico con quien delinque.
Igualmente, la directora del CNA consideró que, de manera mal intencionada, se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público. En consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras; así como en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Violencia contra las mujeres
Por otro lado, disertó que, de acuerdo a lo consignado en la nueva norma penal, la violencia y agresión contra las mujeres se convierte en un delito leve.
Se puede evidenciar en el artículo 209, donde se otorga una pena de prisión entre 1 a 4 años a quienes ejerzan acciones contra la integridad física, psicológica y corporal de las damas. Lo cual permite a los agresores beneficiarse con penas alternas a la prisión.
Respecto al uso del derecho de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento dijo que en el nuevo Código Penal se desconocen preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No hay ninguna cláusula respecto al nivel de tolerancia que deberán mantener las personas que ejerzan una función pública.
En relación al delito de secuestro, la expositora criticó que la pena del delito se disminuye de 20 años a entre ocho y doce años de reclusión. Mientras que la violación pasa de 10-15 años a 9-13 años de privación de libertad.
“Lamentamos que con esta nueva disposición los transgresores sean tratados de manera piadosa. Eso a pesar del daño físico y psicológico que ocasionan a las víctimas”, manifestó.
Castellanos dijo que en el delito de tráfico de drogas que consignaba penas de entre 15-20 años; se cambió a siete-diez años de reclusión.
“Son actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia a todos los que son investigados por gobiernos extranjeros”, reprochó.
De delito a sanción
Por el lado del delito de contrabando, la representante del CNA pormenorizó que dicha figura jurídica se convierte en permisiva. Según lo establecido en el artículo 428, se legaliza la exportación o importación de mercancías mediante mecanismos ilícitos.
De su lado, puntualizó que la imputación por malversación de caudales públicos la pena pasa de 6-12 años a 4-6 años de prisión. “Eso induce que los condenados por el fraude en el Instituto Hondureño del Seguro Social, así como de la ‘Caja Chica de la Dama’ o ‘Narcopolítica’ gocen de penas piadosas”.
En referencia al delito de fraude contra la Administración Pública, lamentó que la pena se disminuye hasta 5-7 años.
Detalló que en el delito de enriquecimiento ilícito será de 4-6 años, sustituyendo los 5-15 años que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Castellanos también lamentó que la acusación por abuso de autoridad deja de ser una condena y se cambió a una sanción por inhabilitación al cargo para un empleado público.
Piedad para el crimen organizado
La directora del CNA puntualizó que las penas en el nuevo Código Penal, respecto a los delitos contra la Administración Pública, disminuyeron para que los imputados gocen de medidas distintas a la prisión.
“Es evidente que el interés de los legisladores es apiadarse de quienes cometerán delitos de criminalidad organizada y ensañarse en contra de la delincuencia común; un flagelo cometido por sectores que presentan necesidades por la mala administración de los fondos públicos», explicó.
«Exigimos al Congreso Nacional la abrogación del nuevo Código Penal. Consecuentemente, se elabore una norma que sea congruente con la realidad nacional. Una norma que vaya encaminada a promover políticas criminales que prevengan la comisión de delitos y la retribución mediante la pena. Caso contrario estas organizaciones haremos uso del derecho a plantear, ante los órganos jurisdiccionales competentes, las garantías para restituir nuestros derechos vulnerados”, finalizó la directora del CNA.
