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martes, julio 16, 2024

CNA cumple y denuncia a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional

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Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupcion (CNA), se presentó hoy al Ministerio Público para denunciar a los cinco magistrados de conforman la Sala de Constitucional para que aclaren el contenido de la resolución que emitieron con respecto a la MACCIH.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, detalló que «los estamos señalando por la maliciosa resolución que la semana pasada estos cinco togados emitieron a través de una sentencia».

En ese sentido, denunció que dicha sentencia tiene trabas, limita, debilita y le quita origen a la Unidad Fiscal (UFECIC).

Castellanos informó que los delitos por los que se les acusa están el abuso de autoridad y delito de prevaricato.

Cabe mencionar, que según Castellanos, la denuncia solo es para cinco magistrados que fueron los que participaron en esta resolución.

«Ustedes han podido palpar no solo la preocupación del CNA si no que el día de ayer nos hicimos acompañar de 11 instituciones», reiteró Castellanos.

Además, dijo que la comunidad internacional esta pendiente de las acciones, de los hechos que pretende hacer el CNA.

«Esperamos que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales en contra de estos cinco magistrados, estamos prestos a ver las acciones del MP», puntualizó Castellanos.

Ayer el CNA, exhortó al Ministerio Público a dar trámite a la denuncia que promoverán en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La CNA hizo el anuncio a través de un pronunciamiento respaldado por 11 instituciones de Sociedad Civil. Entre las organizaciones figuran el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), la Pastoral Social, CÁRITAS, entre otras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró  constitucional la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Sin embargo, según la evaluación realizada por el CNA, encuentran incongruencias en la resolución dictada por el Poder Judicial. Especialmente en los considerandos del fallo.

El CNA manifiesta que de manera muy estratégica la Corte Suprema de Justicia publicó por la noche únicamente la sentencia del fallo y no los considerando de la misma.

En el caso de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la están debilitando.

“De manera  muy elegante, están juzgando que los acuerdos y el convenio que le dan vida a la UCEFIC se realizaron mediante procedimientos considerados como inválidos. Dejando de esta forma una puerta para que se interprete que la Unidad Fiscal es ilegal”, establecen en el comunicado.

La CNA considera que “ de manera dolosa se ha cometido un evidente prevaricato por parte de los magistrados que conforman la Sala Constitucional. Ellos, dice la CNA,  con “malicia y verdadera conciencia de su injusticia dictaron una sentencia contraria a lo solicitado en el recurso de inconstitucionalidad”.

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¿A que se refiere el delito de Prevaricato?

Ser magistrado del Poder Judicial acarrea mucha responsabilidad en sus labores de conocer toda causa judicial que interpone la ciudadanía.

Por consiguiente, debe estar consciente que se es  funcionario y por lo tanto, puede ser removido por una actuación inadecuada, ilegal e inconstitucional.

Para esa conducta el Código Penal vigente sanciona penalmente ese acto, tipificando el delito como prevaricato.

En ese contexto, es una clara conducta abusiva de su cargo, el dictar sentencia o resolución. Esto a sabiendas que es contraria a la ley o Constitución.

¿Quiénes pueden cometer este delito? Los jueces y magistrados, es decir aquéllos donde recae la administración de justicia.

Cabe mencionar que, según Castellanos, la denuncia solo es para cinco magistrados que fueron los que participaron en esta resolución.

Nota vinculada: CNA: “Exigimos a la sala de lo constitucional aclare el contenido de la sentencia con respecto a la MACCIH

Corte Suprema de Justicia declara constitucional la MACCIH

En la reunión, los magistrados de Sala de lo Constitucional resolvieron por unanimidad de votos. Por consiguiente, determinaron que el convenio entre la OEA y el Ministerio Público está apegado a la Constitución del país.

Asimismo, la Sala de lo Constitucional establece expresamente en su sentencia que toda acción y acompañamiento en el marco de este Convenio debe ajustarse a los preceptos de la Constitución de la República.

FALLA: Primero: DECLARAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 23-2016, emitido por el Congreso Nacional en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N# 34, 015 de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprobó el convenio entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

SEGUNDO: de manera coherente a los estudios y conclusiones plasmados en los considerandos de esta sentencia la que se emite conforme al artículo 206 dek Código de Procedimientos «Civiles, en cuanto ser Clara, precisa y exhaustiva» y en acatamiento de la Constitución de la República, la supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación y persecución penal establecido en el Convenio, deben ser interpretados y aplicados conforme a nuestra Constitución política.

Lea: Abogados en Caso MACCIH: Sala de la CSJ excedió sus atribuciones; MP debe de actuar

cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las personas o entidades estatales pertinentes.

Ministerio Público y MACCIH crean  la UFECIC

No obstante, en enero de 2017 la MACCIH firmó con el Ministerio Público un Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral.

En ese contexto se crea la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este organ una independencia de la Fiscalía General.

Misma, que investiga casos escogidos exclusivamente por la Misión y conformada por expertos escogidos en consenso por ambos entes.

También le dio el poder a la MACCIH de solicitar información a las fiscalías. También tener acceso a las denuncias, bases de datos y documentos públicos.

Además, de colaborar con el Ministerio Público en la creación de herramientas de investigación.

 

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