Redacción.– La nueva información que surgió recientemente sobre el caso de la muerte de la fiscal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía, podría abrir nuevos procesos penales contra las personas que habrían facilitado el encubrimiento del «crimen».
El caso de la muerte de la fiscal de la ATIC ha vuelto a tomar relevancia tras conocerse una investigación difundida por el medio internacional, Infobae, en la que se acusa al ex alcalde de El Paraíso, Alexander «Chande» Ardón, y a Juan Antonio “Tony” Hernández, de ordenar el asesinato de la fiscal.
La fémina, que tenía 28 años de edad en el momento de su deceso, apareció muerta en junio de 2018 en Santa Rosa de Copán. Aunque en un principio se manejó que todo se trató de un suicidio, la investigación policial difundida recientemente expone que en realidad aquello se trataría de un homicidio.
Según Infobae, testigos revelaron que a Sherill Hernández le habrían quitado la vida para detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos Alexander «Chande» Ardón.
Una de las fuentes anónimas citadas por Infobae relató que la fiscal decomisó varios documentos del palacio municipal de El Paraíso que comprometían a Ardón, por lo que «él y Tony la mandan a desaparecer».
En tal sentido, su caso ha llamado la atención de las autoridades defensoras de los Derechos Humanos en Honduras, señalando que el caso es un ejemplo de la impunidad y de falta de un buen sistema de investigación y justicia en el país.
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Nuevos procesos penales y demandas
Luego de conocerse que el ex alcalde Alexander Ardón (acusado de tráfico de armas y narcotráfico por Estados Unidos) y «Tony» Hernández (condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de tráfico de drogas) serían los autores intelectuales de la muerte de la fiscal Sherill Yubissa Hernández, surge la interrogante de si se reabrirá el caso, o si las autoridades revisarán el dictamen anterior con la posibilidad de ratificarlo.
El abogado penalista, Carlos Alvarenga, explicó en una entrevista con Diario Tiempo que la justicia hondureña «no puede hacer nada». Esto debido a que el acuerdo de extradición no permite iniciarles una nueva causa en el país.
No obstante, detalló que los familiares de la fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía podrían proceder de manera civil para obtener una indemnización.
«Los familiares podrían reclamar los daños y perjuicios para que algunos de los bienes incautados de la OABI pudiera parar a la familia y así indemnizarle por los bienes y perjuicios y todo aquello que ella pudo haber producido a lo largo de su vida», explicó el togado.
De igual forma, detalló que debido a que la ATIC forma parte del Ministerio Público, este podrían enfrentar una demanda por encubrir información.
«Penalmente sí se puede proceder contra aquellos que ocultaron la información, que ocultaron y falsificaron la prueba. Se está mencionando a Tony y al ex alcalde, pero el jefe de ella si no fue autor, fue cómplice, igual los subalternos que ayudaron a construir esa escena de un inexistente suicidio, eso sí podría ser procesado penalmente», comentó Alvarenga.
«Mano criminal»
Tras conocerse los detalles de la nueva investigación de la muerte de la fiscal Hernández, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, manifestó a Diario Tiempo que, como organización de DDHH, desde un principio manejaron la muerte de la fiscal Sherill Hernández como un «atentado contra su vida».
Maldonado recordó el primer informe forense, cuando la Dra. Julissa Villanueva, en ese entonces directora de la Dirección de Medicina Forense, anunció que la muerte de la fiscal habría sido un homicidio. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) anunció de manera oficial que el fallecimiento de Sherill habría sido a causa de un suicidio.
«Cuando escuchamos a la Dra. Julissa Villanueva siempre pensamos y siempre lo establecimos que detrás de esa muerte había mano criminal. Lamentablemente en Honduras la situación de este tipo de eventos en donde participan supuestos agentes del Estado tratan de encubrirse unos con otros y el refrán lo dice: ‘Tigre no come tigre’», aseguró.
Tras las declaraciones de testigos que dio a conocer Infobae, Maldonado comentó que la situación podría abrir una nueva investigación para dar con los actores intelectuales y materiales del crimen. Sin embargo, lamentó que esto podría ser difícil, pues en materia de investigación, en Honduras «todavía andamos en pañales».
«La impunidad que hay en Honduras es la que nos pone en peligro a todos los hondureños», agregó el defensor de los DDHH.
Escaso cuerpo de investigación
Hugo Maldonado resaltó que evitar la recurrencia de este tipo de casos puede resultar complicado por la falta de cuerpos de investigación fortalecidos y equipados con deseos de «hacer las cosas», independientemente de a quién se investigue.
El titular del CODEH resaltó la importancia de tener un cuerpo de investigación que esté dispuesto a conocer la verdad de los hechos y desligado de la autoridad. Esto debido a que «aquí las autoridades ponen la música, la guitarra y el son en que deben de encaminarse las investigaciones«.
«Realmente sentimos que en el Ministerio Público, después de que se arregle el problema laboral que tiene, en la mayor parte de las fiscalías del Estado se debe hacer una cirugía para poder hacer las cosas como se deben de hacer«, manifestó.
Seguidamente, expresó que este caso ha desnudado la impunidad que vive el país y que mientras no exista un buen sistema de justicia con personas deseosas de hacer las cosas bien en el MP «las cosas van a continuar igual, bajo el manto de la impunidad y bajo la potestad que tiene el Ministerio Público de engavetar expedientes«.
Además, aseguró que el actual Gobierno debe tener un «as» de voluntad para evitar que este tipo de actos se cometan en un futuro. «Solo viendo los resultados podríamos decir en el mañana próxima que se están haciendo bien las cosas en materia de justicia», dijo.
Finalmente, reiteró el mal sistema de investigación que existe en Honduras, y acusa a esta problemática de dificultar darle seguimiento a los casos de 2015 a 2017. «Esos ya quedaron para la historia, forman parte de la impunidad en el país«, cerró.
Indemnizaciones
En cuanto una posible demanda al Estado de Honduras, Alvarenga explicó que el país podría cobrarle subsidiariamente a los verdaderos autores una indemnización.
Del mismo modo, el penalista detalló que la indemnización podrá lograrse independientemente del Gobierno que se encuentre en el poder. Asimismo, reiteró que respecto al tema penal se debe «dirimir quiénes cometieron el delito y buscar a los demás responsables«.
Finalmente, añadió que entre las indemnizaciones, el Estado presentaría un reconocimiento y pediría un «perdón» por no haber protegido a Sherill Yubissa Hernández y no haber procesado a los involucrados.
Asimismo, detalló que se otorgaría una indemnización económica a la familia de la fiscal por el daño moral y cesante causado.
