Redacción. El magistrado de lo penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, informó que un 90% de delitos contra el ambiente no son judicializados.
Este tipo de incidencia delictiva incluyen incendios forestales y otros tipos de daños a la naturaleza. Díaz detalló que los aspectos enfocados al medioambiente, generalmente, quedan impunes y que no es fácil la persecución penal.
Muchas veces no existe una denuncia concreta que le diga a las autoridades qué originó un incendio. Por ende, la mayoría de estos casos queda en la impunidad.
«Por ejemplo, el que ocurrió en La Tigra. La autoridad y el Estado General se dedican a tratar de contener el incendio. Evidentemente, la prioridad es contenerlo en ese momento y al final no se tiene la prevención de seguir con el trabajo investigativo», indicó.
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Por otro lado, indicó que en algunos escenarios han podido identificar a personas que inician incendios, quienes en su mayoría son personas que se dedican a la agricultura. Es decir, queman el terreno para posteriormente poder sembrar.
«Evidentemente, ahí se determina quiénes son las personas que cometieron e hicieron esas situaciones muy concretas. En otros casos, como dice el documento de La Tigra, queda completamente en el anonimato», precisó.
Incertidumbre
En ese sentido, confirmó que en varias ocasiones no se sabe si el fuego inicia de forma intencional o si se trata de un acto involuntario. En ese sentido, es muy difícil determinar quiénes participan en actos delictivos contra la naturaleza.
«No siempre es posible poder determinarlo, en algunos casos tiene que ser de manera accidental. Hay personas que queman la basura, eso es incendio. Otras andan fumando un puro, un cigarrillo y lo tiran al bosque seco. Cualquier producto es inflamable», agregó.
El magistrado sólo conoció un caso donde se aplicó sentencia. Se trataba de dos jóvenes que inhalaban pegamento y fumaban; ellos tiraron la colilla y eso provocó un incendio en La Tigra.