TEGUCIGALPA, HONDURAS. Continúa el debate en torno al nuevo Código Penal, especialmente con los artículos referente a la penalización de las protestas contra instituciones públicas.
El nuevo instrumento contiene penas de hasta seis años de prisión para los ciudadanos que violentamente invadan las sedes de los tres poderes del Estado, alcaldías, hospitales e instituciones descentralizadas.
La voz de alerta resuena en varios sectores de la sociedad hondureña por esta normativa; a través de ella se penaliza a ciudadanos por expresarse hasta en las redes sociales, pero las reduce por narcotráfico y corrupción.
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¿Para quién aplica está normativa?
La nueva normativa no lo expresa de manera directa, pero perfectamente puede interpretarse, de acuerdo con el artículo 54, que los congresistas, magistrados o funcionarios del Poder Ejecutivo pueden ir a la cárcel si interrumpen las funciones de cualquiera de esas tres dependencias de Estado.
ARTÍCULO 541 1
PERTURBACIÓN ILÍCITA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
«Quienes con violencia, intimidación o fuerza invadan la sede del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la sede titular del Poder Ejecutivo; cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de tres a seis años. Inhabilitación especial para cargo u oficio público de seis seis a 10 años. Si alguien trata de impedir el ejercicio de las funciones purgará de dos a cinco años e inhabilitación para ocupar un cargo público».
«Artículo por artículo»
De acuerdo al poder legislativo, el nuevo Código Penal fue discutido “artículo por artículo”; esto con al menos 50 organizaciones de la sociedad hondureña previo a su aprobación.
Entre las organizaciones se mencionan las universidades privadas y públicas, Centro de la Mujer, Comisión de Banca y Seguros; Conadeh, Banco Central, Tribuna de Mujeres, Ministerio Público, Sala de lo Constitucional de la CSJ; Secretaría de Seguridad y Tribunal Electoral, entre otras.
El Poder Legislativo citó que en 2015 se conformó una comisión de dictamen del nuevo Código que quedó integrada por los diputados:
Mario Pérez -Presidente Comisión de Dictamen-; Marco Velásquez, Gerardo Martínez y Héctor Hugo Pinto (Partido Nacional); Dennys Sánchez, Jenny Murillo y Tatiana Canales (Libertad y Refundación); Ana Joselina Fortín (Partido Anti Corrupción) y Yuri Sabas (Partido Liberal).
