Quienes crean que la campaña electoral del oficialismo, de cara a las elecciones generales de 2017, comenzará, de acuerdo con la ley, el próximo año, están muy equivocados. Empezó al siguiente día de la asunción al mando presidencial en enero de 2014.
Tal como se ha venido desarrollando la gestión gubernativa en la actual administración, ésta fue planificada para asegurar el continuismo del régimen mediante la utilización de los recursos del Estado –del dinero de nosotros, los contribuyentes—a todo lo largo del período presidencial.
Para cumplir con ese objetivo, con el instrumento de la concentración del poder en el Estado en la única mano del Ejecutivo, se estableció un modus operandi en el que el trabajo administrativo sería coordinado, ad referéndum, por el secretario general de gobierno, y así dar tiempo y espacio al ciudadano presidente al permanente activismo político-electoral para su reelección.
Asimismo, toda la programación de “asistencia” social, gran parte de ésta financiada con recursos de la cooperación internacional, ha sido orientada en el marco de la propaganda institucional para la reelección, lo mismo que la absorción del sistema formal de comunicación social para “totalitarizar” la información pública, uniformándola en culto a la personalidad.
La captura del sistema formal de comunicación social, realizada a base de venta de influencia y de dinero público, es la pieza maestra de la operación continuista, que incluye la utilización de las encuestas-propaganda y determinadas manipulaciones de los índices internacionales sobre, por ejemplo, el crecimiento económico, los avances en el combate a la criminalidad y el narcotráfico, el compromiso para la defensa de los derechos humanos, la increíble lucha contra la corrupción y la preocupación por el desempleo y la disminución de la pobreza.
La parte estelar de esa costosa propaganda, que consume aproximadamente el 30% (un poco más de 60,000 millones de lempiras) del presupuesto general de la República –la tercera parte del presupuesto del Poder Ejecutivo—son los constantes viajes al exterior del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, acompañado de numeroso séquito, bajo el pretexto de conseguir ayudas económicas e inversión foránea para la venta del país.
No es necesario un examen profundo de esta situación que salta a la vista, y cuyos resultados para el bien común de los hondureños son abiertamente desastrosos.
Si comparamos esa actualidad con lo ocurrido con el financiamiento de la campaña electoral del Partido Nacional (PN), hecho poder, en 2013, cuyo costo corresponde al expolio del patrimonio público de entidades como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Secretaría de Salud (SS), caso ASTROPHARMA, y de otros organismos estatales, estaríamos ante una realidad todavía más pasmosa de corrupción e impunidad.
Los resultados de ese modelo de promoción política y de reelección presidencial no guardan parangón en la Historia de Honduras, y ello justifica la Indignación Nacional que, con unidad militante, es la única forma de defender al país de la caída en el agujero negro, sin fondo, del totalitarismo sin misericordia y sin límite.
