REDACCIÓN. El Poder Judicial informó que la Corte de Apelaciones cambió las medidas para el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, pues se defenderán en libertad.
«Se ha cambiado las medidas de prisión preventiva diferentes a las privativas de la libertad para los ciudadanos Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Lizzeth Bonilla y Reina Lizeth Bonilla», informó la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.
Autoridades declararon ha lugar el cambio de medidas por lo que los tres acusados estarán bajo vigilancia. Además, se detalló que tiene prohibido salir del país y la recurrencia a ciertos lugares como también la prohibición de comunicarse con determinadas personas.
Según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), se evacuarán 18 medios de prueba documentales, dos declaraciones testimoniales, dictámenes de informática forense. También, dictámenes de extracción, análisis de dispositivos electrónicos, escuchas y vaciados telefónicos. También, vinculación criminal y una pericia financiera con más de 80 insumos.
Según detallaron, se espera que la Sala I del Tribunal de Sentencia emitirá un fallo condenatorio.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Santos Orellana «realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE».
Asimismo, señalan a Orellana como partícipe en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares. Además, lo acusan de «estar involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)», así como de otros delitos.
Según el reporte de las autoridades, el excapitán le enviaba todo ese dinero a su esposa y a su suegra.
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Luego de un análisis financiero se informó que Orellana, en conjunto con su esposa y su suegra, tuvieron entre 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras. Esa cifra según las autoridades no está justificada.
El informe refiere que se desconocía el origen de las transacciones en el sistema financiero. Así como también las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles de los involucrados.
Se presentarán a juicio oral y público el próximo 11 de mayo por suponerlos responsables del delito de lavado de activos.
