Lo de nunca acabar. La meta de la administración Obama es deportar este año más de 100 mil inmigrantes irregulares, al mismo tiempo que proclama su interés de regularizar la situación de los 12 millones de indocumentados para normalizar la vida de éstos en Estados Unidos de América (EUA).
Los presidentes de los países del norte de América Central beneficiarios de los 750 millones de dólares aportados por EUA para el Plan Alianza para el Progreso (PAP) parecen dispuestos a rogar al presidente Obama, por enésima vez, un trato más amable para los migrantes irregulares, más allá de los lineamientos del PAP.
Una iniciativa que, de realizarse, estaría condenada a la respuesta habitual, en buena medida condicionada por la debacle electoral en el “coloso del norte”, en la que el tema de los inmigrantes indocumentados ocupa los primeros lugares de la diatriba política, con amplio espacio para el homofóbico aspirante presidencial republicano Donald Trump.
Esto sin perder de vista que la administración Obama se distingue por haber alcanzado las mayores cotas de deportación de migrantes indocumentados centroamericanos, con el más elevado porcentaje de hondureños en las diferentes categorías, pero especialmente la de niños no-acompañados.
Se asume que uno de los renglones del PAP está relacionado con el problema de la emigración, siempre en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, puesto que el énfasis de este plan reside, de manera alambicada, en la iniciativa para la seguridad regional de Centroamérica (CARSI), por una parte, y en proyectos de caridad social, ésos que vulgarmente se conocen como “pan hoy y hambre para mañana”.
Ríos de tinta de imprenta, billones de toneladas de papel-periódico, horas incontables de noticieros y comentarios de radio y televisión se han dedicado, a lo largo de más de 30 años, para abordar el tema de la inmigración del norte centroamericano a EUA bajo diferentes visiones, pero esencialmente, de la parte regional, indicando las raíces sociales y económicas del problema.
La razón socioeconómica conlleva, obviamente, el planteamiento de que la solución estriba en el desarrollo económico regional, en la creación de fuentes de trabajo y de educación adecuada a la producción de bienes y servicios, así como al establecimiento de regímenes políticos basados en el fortalecimiento real de la democracia participativa e inclusiva y del bienestar equitativo de la población.
Ese planteamiento, sin duda consecuente con la realidad centroamericana, ha sido soslayado –por no decir ignorado por los gobiernos estadounidenses, demócratas y republicanos, porque no compagina con los enunciados de la política exterior imperial, que, a decir verdad, excluye el propósito de la democracia real, base de la soberanía nacional, y de los derechos humanos como piedra angular de la equidad económica y la igualdad social.
Bajo esta doctrina de la seguridad nacional y sus diferentes modalidades aplicadas en el transcurso de por lo menos tres décadas, no existen perspectivas de solución democrática propiamente dicha, por la triste razón de que en ello predomina la implantación militarista y el crudo expolio neoliberal de los recursos de los países ocupados, en lo que para nada cuenta el valor intrínseco de los pueblos ni los imperativos de la estabilidad y la paz social.
